Una Ley para la movilidad del siglo XXI

Nos situamos a la vanguardia de Europa, porque, aunque pudo llegar antes, llega ahora y lo hace yendo más lejos que otras legislaciones europeas. Se ha destacado mucho que le ley era un compromiso de España para obtener los fondos Next. Y es verdad que cumpliendo este hito recibimos un importante desembolso de los fondos, pero la ley es mucho más. En los próximos meses se desplegará un ingente desarrollo reglamentario que concretará objetivos, derechos y obligaciones en materia de movilidad.

La movilidad ya es una garantía del ejercicio de derechos básicos de ciudadanía. El derecho al trabajo, a la salud, a la educación o al ocio y la cultura, están condicionados, en muchos lugares, por el acceso a una movilidad segura, sostenible y bien conectada. De ahí que la ley, muy consciente de esta realidad, consagre la movilidad como un derecho ciudadano.

Para cumplir este objetivo, la LMS plantea cinco grandes áreas con un impacto rápido y muy positivo en el día a día.

En primer lugar, abre de par en par la puerta a la digitalización del transporte, para que el uso de los datos mejore el servicio a la ciudadanía, pero también la calidad y la eficiencia de las empresas del sector. Crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), adapta las plataformas de información y desarrolla el modo de utilización de los datos del Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal (NAP). Son herramientas muy importantes en un sistema como el nuestro en el que debemos saber, y poder, utilizar los distintos modos de transporte.

En segundo lugar, garantiza el transporte público para el conjunto del país, con una perspectiva multimodal. Se ocupa de garantizar las obligaciones de servicio público aéreas y marítimas, por carretera y ferrocarril, para que nadie vea limitados sus derechos, viva donde viva. La combinación entre ferrocarril y autobús es la fórmula que debe mallar nuestro territorio.

Así, las nuevas rutas de autobús de competencia estatal ordenarán eficazmente los corredores, mantendrán las conexiones entre los pueblos más pequeños y crearán nuevas rutas directas entre las ciudades más pobladas, como hace la recientemente aprobada línea Bilbao-Castro.

En el ámbito ferroviario la ley se ocupa de la mejora de los servicios con planes de choque en puntualidad e incidencias, planteando la electrificación de las líneas convencionales pendientes, partiendo de un análisis económico, social y medioambiental que garantice el mejor aprovechamiento de la inversión pública.

En tercer lugar, la ley colabora en el gran objetivo de la descarbonización del transporte teniendo claro que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país sigue siendo el coche. Hay objetivos concretos de reducción de las emisiones para 2030 y 2040, con planes específicos para los distintos modos, incluyendo requisitos ambientales y energéticos para los contratos públicos de transporte, fijando la obligatoriedad de planes de movilidad sostenible para las empresas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores (o 100 por turno) y estableciendo medidas que incentiven el uso de combustibles renovables. Todo ello sin olvidar el papel del transporte de mercancías dentro y fuera de las ciudades y la importancia de los nodos logísticos, estatales y autonómicos.

En cuarto lugar, sienta las bases para crear un nuevo modelo de financiación del transporte público, pensado para aumentar su uso y mejorar su calidad.

Y, por último, ofrece un paraguas legal para las innovaciones y las nuevas propuestas en materia de movilidad. En España estamos transitando de una movilidad estándar, homogénea, a desplazamientos a la carta, que deben atender necesidades muy diversas. El teletrabajo, el reto demográfico y el envejecimiento de la población marcan un cambio de paradigma alejado del modelo de transporte de hace tan solo dos décadas.

Afrontamos un reto y al mismo tiempo una oportunidad. El nuevo modelo será positivo para todos/as: ciudadanía, empresas y administraciones, pero debemos crearlo juntos porque esta tarea sólo tiene un protagonista: la ciudadanía.