La reciente sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado un debate profundo y preocupante sobre la independencia del poder ... judicial y la imparcialidad de nuestras instituciones. La obligación de los tribunales es aplicar la ley con rigor, pero en este caso la tormenta está servida en bandeja y convierte la sentencia en un arma arrojadiza de las más bajas pasiones. Un sector de la Judicatura, el más progresista, sostiene que no hay suficientes pruebas para la condena. Otra corriente, de sesgo más conservador, considera que simplemente se ha ejercicio la ley. La polémica es negativa, daña la imagen de la Justicia y proyecta una politización perniciosa. Sale muy erosionada la propia credibilidad de la Justicia. García Ortiz se considera inocente pero su decisión de no hacerse a un lado también ha salpicado a la institucionalidad. Todo este debate se produce sin que ni siquiera se haya podido conocer aún el contenido de la sentencia.
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Que el fallo condenatorio haya sido adelantado con la mayoría a favor del sector conservador en la sala y los votos minoritarios en contra del área progresista engorda la teoría de una justicia excesivamente politizada, donde ya se aventura que el Constitucional enmendará el fallo condenatorio dada la mayoría progresista que lo compone.
El sistema judicial no debe dejarse arrastrar por presiones externas, ni por la necesidad de enviar un mensaje a la sociedad. La ley debe aplicarse con la misma imparcialidad en todos los casos, sin hacer distinciones ni caer tampoco en juicios populistas. De lo contrario, corremos el peligro de perder la confianza de la ciudadanía en la Justicia, que debe ser percibida como un garante de derechos y no como una herramienta al servicio de determinados intereses partidistas. En definitiva, esta sentencia no solo ha puesto en entredicho la justicia del caso, sino también la necesidad de revisar ciertos aspectos vulnerables del sistema.
En este sentido, el debate sobre la salud de la Justicia aún tiene numerosos frentes que abordar para que sea efectiva. En Gipuzkoa, los juzgados llevan tiempo instalados en el colapso. Más de 50.000 asuntos están pendientes de resolver, una lista que no hace más que engordar por la falta de medios y por las enormes lagunas que arrastra el sistema. El ruido político no puede tapar la carga de profundidad del colapso de la justicia diaria.
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