El Supremo da un portazo judicial a la ordenanza de pisos turísticos en Donostia

Según anunció este lunes el grupo EH Bildu en una nota, el Gobierno municipal tenía previsto notificar en la Junta de Gobierno Local del martes que el Tribunal Supremo, ha dictado una providencia -no una sentencia- por la cual no admite a trámite el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en la que anulaba dicha ordenanza, no tanto por su contenido, sino porque entendía que el instrumento de la ordenanza municipal no era la adecuada para regular los usos urbanísticos, sino que estos debían estar recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras aquella sentencia, el Gobierno municipal llevó a cabo dos cuestiones. Por un lado, recurrió la sentencia al propio TSJPV, que no por el momento no se ha pronunciado al respecto. Por otro, recurrió en casación al Supremo -que acaba de emitir una providencia, señalando que no admite a trámite dicho recurso-. Y por último, el Ayuntamiento donostiarra optó por una tercera vía para blindar el contenido de la normativa de regulación de las viviendas de uso turístico, a través de la modificación del Plan General.

Esto es, inició una tramitación para incorporar el marco regulatorio de las viviendas de uso turístico al Plan General, a través de sus Normas Urbanísticas Generales. Estas normas, explican fuentes de Alcaldía, fueron aprobadas por el Pleno provisionalmente en el mes de diciembre de 2020 y «están pendientes del último trámite que es la aprobación definitiva, una informe favorablemente la COPV». Está previsto, señalan, que esa aprobación definitiva se produzca en la sesión plenaria del mes de marzo.

De esta forma, el marco regulatorio de las viviendas de uso turístico pasará a formar parte del Plan General, «norma de rango superior, tal y como pidió el TSJPV, lo que otorga una mayor seguridad jurídica», alegan.

Este último revés supone que la ordenanza de pisos turísticos «ya es nula de pleno derecho», insistió ayer EH Bildu, quien remarca que hasta la aprobación definitiva de la modificación del Plan General, se producirá un periodo en el que los 1.200 pisos turísticos que están registrados y regulados en la capital guipuzcoana se quedarán en un limbo legal.

«La situación legal de los centenares de pisos turísticos que no cumplían la norma de la primera planta y que fueron legalizados por la nueva ordenanza del PNV-PSE es ahora extremadamente complicada, y analizaremos al detalle la situación legal en los próximos días para informar a la ciudadanía donostiarra», advirtieron.

La normativa actual, y que se mantendrá similar una vez que se lleve a cabo la aprobación definitiva de la modificación del Plan General, divide la ciudad en tres zonas. La zona A, que engloba la Parte Vieja y el Muelle, y que se considera zona saturada, por lo que no está permitida la implantación de nuevas viviendas de uso turístico.

La zona B, abarca Gros, Amara -hasta Pío XII-, el paseo de Francia y partes de Egia y el Antiguo. En esta parte de la ciudad, no se permite la concesión de más licencias en los edificios una vez se superen los 250 metros cuadrados de actividad económica. Además, de pisos en primera planta, con usos no residenciales iguales o inferiores a 250 metros cuadrados, además de un piso turístico en plantas altas por cada seis alturas.

Y por último, la zona C, corresponde al resto de la ciudad, se flexibilizan las condiciones hasta los 350 metros cuadrados de usos no residenciales y dos pisos turísticos por cada seis plantas en altura.

La coalición abertzale denuncia que «estábamos ante la crónica de una chapuza jurídica anunciada. EH Bildu lleva desde el principio avisando de que esto podía pasar, porque una ordenanza no podía entrar a regular usos urbanísticos, porque eso es competencia exclusiva del PGOU», reiteran en la nota, en la que además insisten en que «a pesar de los intentos de este grupo municipal para acceder al contenido íntegro de la citada Providencia, lo cierto es que todavía no nos la han facilitado, y arremeten contra la «transparencia» del gobierno municipal por no haberse manifestado al respecto de una decisión judicial que data del pasado 21 de enero.