«Quiero que borréis todos mis datos y que no me volváis a llamar»

No obstante, no es tan sencillo como parece. Hay algunas empresas que hacen caso omiso cuando reciben estas peticiones y que vuelven a llamar cuando quieren ofertar sus servicios. En estos casos las organizaciones recomiendan optar por otras alternativas.

Una de ellas es la de apuntarse a la Lista Robinson. Se trata de un servicio de exclusividad publicitaria que toda empresa debe consultar antes de una campaña de publicidad personalizada. Su inscripción es gratuita y para completarla solo se debe ser mayor de 14 años. Es una solución accesible porque el proceso, que podría durar dos meses, comienza en su propia página web. Tras meter una serie de datos personales (como nombre y apellidos y direcciones de contacto), habría que indicar los canales por los que no se quiere recibir publicidad (SMS, correo o llamadas). Pero esta opción no es igual de valida para todos los expertos. «Ya no es necesaria. Eso era antiguamente, cuando las llamadas comerciales no eran ilegales», explica Rubén Sánchez.

La segunda alternativa, que es la que recomiendan todas las organizaciones, es la de interponer una denuncia ante la AEPD. El proceso de denuncia comienza con el ejercicio de los derechos. Si no surtiera el efecto deseado, se deben presentar pruebas que justifiquen la ilegalidad de la práctica. Después, es necesario escribir un breve escrito que incluya los nombre y apellidos de la víctima, la dirección de su domicilio, la descripción de los hechos, razones de la petición, el lugar y la fecha, la firma del denunciante y la identificación de los presuntos infractores.

Sin embargo, existen varios problemas que explican las pocas denuncias que se tramitan a través de esta vía. El primero de ellos son los pocos recursos con los que cuenta la propia agencia que, según indica Sánchez, se encuentra «desbordada».

Por otro lado están las sanciones por saltarse la ley. «Si tengo un beneficio de 1.000 y me abren un expediente sancionador con 100, voy a seguir haciendo lo mismo porque me sale rentable», explica Urkiri.

La accesibilidad y los incentivos por denunciar son otro impedimento importante. Además de no recibir ninguna indemnización, los denunciantes deben hacer frente a lo que el abogado de la UCE considera «trabas burocráticas». Todo vasco que quiera denunciar una de estas llamadas solo podrá hacerlo ante la AEPD, puesto que organizaciones como Kontsumobide o la AVPD solo tienen labor de orientación.

Por último está la duración. Una vez presentados los documentos, y solo tras aceptarse, comienza una investigación que puede durar más de un año. Después se da paso al proceso sancionador. Puede durar hasta seis meses y su resolución puede recurrirse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.