Presos con 'doble condena' en Gipuzkoa por la falta de medios de reinserción y problemas de empadronamiento

Cuando una persona ingresa en prisión, además del cumplimiento de la pena de privación de libertad, el objetivo teórico del sistema es la reinserción social del recluso. Esa segunda oportunidad, nada fácil para cualquiera de los internos, se convierte a veces en un imposible para unos cuantos de ellos que encuentran cerradas todas las puertas del exterior y acaban 'comiéndose' -como dicen en su argot- la condena de forma íntegra entre barrotes por una contradicción: reúnen las condiciones legales para poder progresar de grado y aspirar a un régimen de semilibertad -una decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias y que les permite rehacer su vida en el exterior y volver solo para dormir a la cárcel-, pero al no tener un domicilio ni un recurso al que acudir se quedan dentro. Son, en definitiva, presos con una doble condena.

La «falta de igualdad de oportunidades» para disfrutar de los beneficios penitenciarios no es cosa de hoy, constatan las voces consultadas, conocedoras de la exclusión social que puede cronificarse para las personas presas en la cárcel. Pero ha sido el último informe del Ararteko el que se ha detenido en esta realidad, en pleno debate sobre el futuro del viejo y húmedo penal que hace tiempo que pide una solución a gritos. «Muchas personas internas que por su clasificación podrían hacer una vida en semilibertad se ven obligadas sin embargo a permanecer en ella, ya sea por causa de sanción -mal comportamiento- o por no contar en el exterior con actividades laborales, formativas o de inserción social», de ahí que el Defensor del Pueblo reivindique la «necesidad» de un Centro de Inserción Social (CIS), un equipamiento penitenciario destinado a reclusos en régimen de semilibertad que ha ganado peso para permitir el cierre de Martutene y es ya la alternativa a la cárcel proyectada hasta ahora en Zubieta. «La ejecución penal, lejos de paliar la exclusión de colectivos sociales desfavorecidos, la cronifica», constata la Defensoría del Pueblo vasco.

La única opción en la que ya trabaja el nuevo Gobierno socialista en Madrid es contar con un solo penal, el de Zaballa en Vitoria, para todos los presos en Euskadi, y construir dos CIS, uno en Bizkaia y otro en Gipuzkoa, tal y como informó ayer este periódico. La plataforma Esen, que agrupa a colectivos que trabajan en el ámbito penal en Euskadi y Navarra, apoya ese modelo y reclama desde hace años más y mejores recursos de reinserción.

Las entidades consultadas plasman la necesidad de mejorar los recursos de inserción para que puedan dar cabida a todo tipo de perfiles, incluidos aquellos que a priori no están preparados para un itinerario formativo o laboral, porque sufren alguna enfermedad mental o graves problemas de consumos.

La clasificación de un recluso se divide en tres grados y es Instituciones Penitenciarias la responsable de revisar esa situación. El primer grado incluye a presos de peligrosidad extrema o de régimen cerrado, sin permisos -en Martutene no hay ninguno-. En el segundo grado están los presos ordinarios con hasta 36 días de permiso al año. Para disfrutar del tercer grado, que permite al recluso ir solo a dormir a la cárcel -y así poder participar de actividades de formación, trabajo o programas de desintoxicación, entre otros-, tienen que haberse superado las dos terceras partes de condena y que la Junta de la cárcel dé luz verde en base a una serie de requisitos, entre ellos buen comportamiento, garantías de que no vaya a volver a delinquir y que tenga un recurso en el exterior.

La libertad condicional se puede conceder una vez el preso haya superado las tres cuartas partes de su condena -también antes en situaciones concretas-. «Pero si no tienes un recurso positivo que te avale -un apoyo familiar con garantías o a través de una asociación-, no te van a conceder la progresión de grado», reflejan desde una de las asociaciones que trabajan en la reinserción. No hay datos sobre cuántos reclusos podrían verse afectados. Instituciones Penitenciarias rehusó participar en el reportaje y también denegó una entrevista con el equipo de trabajo social dentro de Martutene.

El problema no se explica solo por una cuestión de plazas, pero también escasean, constatan entidades sociales que trabajan con el colectivo de presos (Arrats, Loiolaetxea y Cruz Roja). Entre ellas ofrecen medio centenar de camas para personas en exclusión (no exclusivamente para reclusos sino que se ofertan a personas con una valoración de exclusión, incluidas las personas de la calle), y casi siempre tienen lista de espera para acceder. Los servicios municipales y forales de urgencias sociales también cuentan con recursos para personas en exclusión.

La población presa en Martutene ronda las 190 personas. Son los condenados en segundo grado, aquellos que por su peligrosidad, la gravedad del delito o mala conducta no pueden acceder al Tercer Grado. Otros 90 condenados están en la sección abierta (en tercer grado). Y un centenar más se encuentran en libertad condicional, lo que les permite no tener que dormir en el penal, la última fase de la condena. De las personas encarceladas, las asociaciones calculan que la mitad necesita algún tipo de apoyo social para su reinserción (a través de los centros de formación, centros ocupacionales o centros de día de baja exigencia), y una cuarta parte requerirá una plaza residencial. Eso equivale a que unos cincuenta presos al año de Martutene necesitan el apoyo de las entidades sociales. A través de ellas, además de un techo para iniciar esa vida en el exterior, también podrán encontrar un acompañamiento especializado para ir solucionando otros trámites como multas, causas pendientes y un largo historial de expedientes.

Las dificultades para encajar en un recurso de inserción van más allá de una cuestión de plazas suficientes. Dentro de la cárcel, el desarraigo social y administrativo -ligado a la pérdida del empadronamiento o el traslado a una prisión fuera de la comunidad autónoma- es una «constante» especialmente entre un perfil de reclusos con particularidades específicas. Hay cada vez más condenados con problemas de salud mental y de adicciones, que no encajan en los perfiles sociales y laborales organizados en los itinerarios para su reincorporación a la comunidad. «Al no cumplir con todos los requisitos de acceso, se quedan fuera de ellos», expone una persona conocedora de la situación.

Los problemas ligados a la pérdida del empadronamiento también añaden obstáculos. Las asociaciones explican que los trabajadores sociales de la prisión -que dependen de Instituciones Penitenciarias- hacen lo que pueden para que las personas reclusas no pierdan su empadronamiento, porque de él depende el acceso a los servicios sociales, con quienes tratan de tejer ese itinerario en el exterior para reiniciar su vida. Para poder cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), por ejemplo, se exigen tres años de padrón, aunque Lanbide, encargada de la gestión de esta prestación, permite periodos de carencia por situaciones de reclusión.

Para ver la fotografía completa, a los 200 presos dentro de Martutene hay que sumar otras 300 personas que se corresponden a presos condenados en Martutene y que han sido trasladados a otras cárceles (tanto de Euskadi como de fuera de la comunidad), lo que suele derivar en cambios de padrón y, por lo tanto, en el riesgo de que se desligue de los servicios sociales de su municipio de origen.

Sin competencia en Prisiones, y a la espera de los cambios que puedan derivarse de la entrada del nuevo gobierno del PSOE, las asociaciones consultadas reivindican que la competencia de los servicios sociales pueda ser transferida, como ya se hizo con la sanidad penitenciaria. En su día dependía de Instituciones Penitencias, y pasó a integrarse en Osakidetza. Ahora, la cárcel de Martutene funciona como un centro de salud más, con todas las particularidades imaginables del trabajo en prisión y del perfil sanitario de los reclusos.

Integrar los servicios sociales de dentro y fuera de la cárcel no solucionaría todos los problemas pero permitiría, al menos, que a un lado y otro de las rejas el profesional pueda tener acceso a todo el recorrido social que haga el recluso en esa nueva vida que le toca aprender para dejar atrás la cárcel. Los datos hablan de que el 50% no vuelve a delinquir y de que entre el 65 y 70% de las personas que necesitan un apoyo social fuera (casi siempre a través de una de las asociaciones que trabajan con el colectivo de presos) no reincide, «a pesar de que están en peores condiciones» que aquellos presos que cuentan con suficientes apoyos en el exterior. «La cárcel también rescata a las personas», defiende un trabajador de Martutene.