«Suspender derechos fundamentales requiere más seguridad jurídica»

– Transcurrido un año desde la aparición del coronavirus en Euskadi y con todo lo que hemos vivido, ¿qué nota pone el Ararteko a las instituciones vascas en la gestión de la pandemia?

– No soy amigo de poner notas, y menos cuando todavía no hemos presentado el informe correspondiente al año 2020.

– Alguna opinión tendrá...

– La situación ha ido evolucionando, y de la irrupción repentina del virus que pilló a todo el mundo desprevenido ante algo inesperado y novedoso, la segunda ola nos cogió ya más preparados. En ese sentido hay que reconocer al Gobierno Vasco su capacidad de buscar soluciones ante los escenarios que se iban presentando, muchas veces con el inconveniente de la falta de información precisa y de referentes en los que fijarse. Tendremos que esperar un poco más para evaluar las actuaciones y decisiones que se han adoptado.

– Hubo situaciones problemáticas, sobre todo al principio, como la escasez de equipos de protección para trabajadores de residencias, sanitarios o policiales; retrasos en operaciones y tratamientos... ¿merece reprimenda?

– Ha sido un problema generalizado en todo el mundo. Todas las administraciones han tenido dificultades para actuar y reaccionar. Efectivamente, el tema de la falta de equipos de protección en las residencias al inicio fue muy grave. Pero, ¿qué administración estaba preparada para afrontar este imprevisto de tal magnitud? Que yo sepa, ninguna.

– ¿Ningún reproche que hacer, entonces?

– Estamos todavía analizando qué medidas han funcionado y cuáles no para hacer un informe al respecto, pero en general hay que admitir que se ha ido mejorando conforme iba evolucionando la pandemia y se iba teniendo más información sobre el virus y la efectividad de las medidas. Ha habido deseo de adaptarse a las circunstancias, buena voluntad y capacidad de respuesta.

– Dentro de esa comprensión, y a toro pasado, ¿qué no habría que repetir bajo ningún concepto?

– La cobertura legal bajo la que se ha gestionado la pandemia. Suspender derechos fundamentales como se ha hecho debe hacerse con mayor seguridad jurídica que la que ahora tienen las instituciones vascas. Un problema que no se ha enmendado.

– ¿A qué se refiere?

– Se ha estado trabajando con una ley de Sanidad muy antigua, que no está preparada para responder al actual modelo autonómico y competencial. Habría que llevar a cabo reformas legales para permitir que las distintas administraciones adopten las medidas que consideren necesarias sin temor a que se las echen abajo. El Gobierno Vasco no ha tenido la seguridad jurídica suficente a la hora de adoptar determinadas decisiones. Ejemplos tenemos varios. El tema de los EPIs, hostelería... En Navarra, por ejemplo, la Justicia ha dado la razón en estas cuestiones a la Administración y en Euskadi no. En algunas autonomías se acepta el cierre de los bares y aquí no... A eso se suma que se está actuando bajo un decreto de estado de alarma de seis meses de duración que si desde el Estado no se quiere modificar no deja margen de maniobra a los gobiernos regionales. Así se ha visto con la decisión de Castilla y León de iniciar el toque de queda a las 20.00 horas en lugar de a las 22.00 y que los tribunales han tumbado. Estas cuestiones, además de dificultar la gestión, generan incertidumbre y desánimo en el ciudadano.

– Como garante de los derechos de los ciudadanos ante la Administración, ¿se ha excedido el Gobierno Vasco en las medidas restrictivas?

– No lo creo. Como digo, ha trabajado en condiciones muy difíciles y ha hecho lo que ha podido en un marco jurídico complicado. Otros países como Alemania, Reino Unido o Dinamarca han adoptado medidas mucho más duras que aún siguen vigentes. La experiencia parece decir que en el momento en que se levantan las restricciones porque mejora algo la situación, los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos vuelven a subir.

– Como sucedió en Euskadi tras las Navidades. ¿Ha sido entonces demasiado laxo?

– A veces uno podría pensar que determinadas decisiones, como la que cita, han resultado perjudiciales, ya que podrían preverse unas consecuencias de las que ya advertían los epidemiólogos. Es una obviedad que mientra aquí abríamos la mano, en otros lugares se cerraba.

– Algunos sectores ya han anunciado que exigirán indemnizaciones por los perjuicios ocasionados. Si a eso sumamos posibles reclamaciones de usuarios de residencias, pacientes con actuaciones retrasadas... ¿podemos llegar a una situación insostenible?

– Es evidente que todas las decisiones que toma una Administración pública son recurribles ante los tribunales y serán estos lo que dictaminen.

– Como experto jurista, ¿tendrían recorrido esas demandas?

– Si los hospitales, los quirófanos y los laboratorios están saturados se hace difícil mantener el equilibrio entre la necesidad y el derecho del ciudadano y las posibilidades de prestación del servicio. Teniendo en cuenta en este caso, además, el condicionante de la obligada seguridad sanitaria. Hay que entender que las decisiones se toman con el objetivo de salvaguardar el derecho a a la vida, el principal de todos. ¿Que eso tiene un coste? Claro. Pero se ha demostrado que los lugares donde se ha sido más titubeante en la adopción de medidas drásticas son los que más lentamente han superado las situaciones más difíciles.

– ¿La pandemia ha aumentado o reducido las quejas ante el Ararteko?

– En 2020 se ha producido un descenso por la caída de las quejas presenciales por el confinamiento y las limitaciones de movilidad. Aunque existen las vías telefónica y telemática, ha sido un factor determinante.

– ¿Percibe un cambio en el tipo de reclamación por el Covid?

– Obviamente, la pandemia lo condiciona todo e incluso las quejas habituales tienen ahora un trasfondo Covid. Por ejemplo, en las referidas a cuestiones sociales como RGI o Etxebide, el principal problema ha sido el de quienes ven rechazada una solicitud o se le ha sacado del sistema por no presentar la documentación a tiempo. Una circunstancia que en la mayoría de casos es achacable al propio sector público, que no da abasto y con una atención presencial limitada no puede ofrecer el mismo nivel de servicio. Dicho esto, se ha notado un aumento notable en las quejas por multas que se consideran exageradas, por retrasos en los servicios sanitarios y, sobre todo en la primera fase, por la situación en las residencias.

– ¿En qué sentido?

– Han ido evolucionando a la par que la situación. Al principio era por temas de seguridad sanitaria y falta de atención suficiente, y luego cambió hacia las quejas por no poder hacer visitas.

– El debate entre el derecho individual y el bien común sigue vigente. ¿Debería ser obligatoria la vacuna?

– Faltan referentes para determinar ahora en qué momento la invasión de derechos fundamentales individuales ataca la esencia de la democracia si el objetivo es preservar el bien común. Dicho esto, el Gobierno ya ha dicho que no es obligatoria, así que en la práctica el debate se acaba ahí. En mi opinión, debería prevalecer el criterio de la salud pública, pero reconozco las dificultades de hacerlo así en una sociedad democrática en la que la imposición no es la mejor decisión. Aunque hay que recordar que gracias a las vacunas han desaparecido enfermedades y, en el caso del Covid, donde se está vacunando están desapareciendo los casos, como ocurre ya en las residencias.

– ¿Es posible hacer diferenciaciones entre vacunados y no vacunados para, por ejemplo, dejar viajar en Semana Santa?

– Con la ley actual en la mano, no.

– Entonces no tiene sentido el pasaporte vacunal que se está planteando...

– En este momento tampoco existe cobertura jurídica para avalarlo. Otra cosa es que se produzcan cambios legislativos para ello.

– ¿Qué ha sido peor en su mandato, el escándalo de la OPE de Osakidetza o el Covid?

– Han sido sin duda los dos aspectos más complicados por motivos diferentes. El de la OPE fue un tema muy serio que sigue 'sub judice' y sobre el que he decir que los tres consejeros de Salud que ha habido desde entonces (Darpón, Murga y Sagardui) se han comprometido a implementar las recomendaciones que hizo el Ararteko.

– ¿Lo están haciendo?

– Por lo que sé, las que eran más urgentes sí. En otras hay que tener en cuenta que Salud tiene ahora otras urgencias.