Las infracciones cometidas por menores de 14 años en Gipuzkoa se disparan un 48%

El número de menores que ha cometido algún delito no es el único que ha crecido el último año. También han aumentado los casos de niños y adolescentes que han sufrido «maltrato físico o emocional, abandono, abuso sexual» y otro tipo de conductas vejatorias por parte de sus padres o tutores. Si en 2021 el área que dirige Maite Peña recibió un total de 331 avisos, en 2022 fueron 368 y en 2023 ascendieron hasta los 409 (11,14% más que un año atrás y 23,56% más que hace dos). Son menores que «sufren un menoscabo importante de su bienestar debido a actitudes negligentes o maltratantes por parte de sus progenitores o responsables legales». Suelen ser niños o adolescentes que viven bien con sus padres o con algún otro familiar, como pueden ser los abuelos o los tíos, y que por diferentes motivos no reciben la atención que necesitan o incluso son agredidos bien física o psicológicamente.

Los datos son claros. El número de menores con un referente que sufren algún tipo de maltrato y de infractores ha aumentado el último año pero, sin embargo, los casos de desprotección infantil en su conjunto han bajado, pasando de 822 en 2022 a 786 en 2023, lo que supone un descenso de un 4,4%. Esta caída se explica por las cada vez menos llegadas de los menores extranjeros no acompañados 'menas'. Tal y como adelantó este periódico han bajado un 18,2% el último año, cuando arribaron 198 jóvenes migrantes a Gipuzkoa, la mayoría procedentes del Magreb y de una media de 16 años.

En las 786 notificaciones de desprotección que recibió la Diputación el año pasado, había 764 menores y 560 familias implicadas. Una vez recibida la notificación, explican en la memoria, los profesionales del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales llevan a cabo «un proceso de valoración dirigido a confirmar su veracidad, el nivel de gravedad, los problemas que pueden estar asociados a la situación de desprotección y, finalmente, establecen las necesidades de intervención para poder garantizar la protección y bienestar de la persona o personas menores afectadas». Si lo consideran oportuno, siendo la separación de la familia siempre la última opción, son derivados a residencias especializadas.

Habitualmente «el acogimiento residencial tiene carácter temporal y, como tal, trata de orientarse bien hacia el retorno a la familia biológica, medidas alternativas como el acogimiento familias o la adopción, trabajando, siempre que sea posible y no perjudicial para el menor, por mantener los vínculos familiares durante la estancia en acogimiento». El año pasado se realizaron 1.101 acogimientos en residencias, aunque el número real de personas atendidas fue de 740, ya que un niño puede pasar por varios recursos sucesivamente a lo largo del año. En los centros de días se han atendido 22 menores.

Además, durante el último año 429 niños han estado en acogimiento familiar. Son menores que han sido separados de sus familias mediante la adopción de una medida legal que evita que ingrese en una residencia y hace que se encuentre en un entorno lo más normalizado, estable y socializador posible. La Diputación ofrece este servicio también de carácter urgente para menores de 0 a 6 años que necesitan acogimientos de urgencia. Fueron 52 los niños que precisaron esta medida en 2023.

Como medida «de protección definitiva e irrevocable» que se lleva a cabo cuando se entiende que la familia biológica del menor no puede ni podrá en un futuro hacerse cargo de él está la adopción. El año pasado el área que dirige Maite Peña recibió 31 demandas de información de 54 personas, de las cuales el 74% fueron realizadas por parejas y el 26% restante por familias monoparentales. Así, se constituyeron siete adopciones, cuatro menos que el ejercicio anterior, y 31 personas pidieron información sobre sus orígenes.