Javier Tajadura: «El Gobierno podía regular la hostelería con estado de alarma, pero lo derogó hace un mes»

- ¿Puede explicarnos este lío?

- El lío está en qué es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y qué es lo que puede hacer. El problema es que está regulado en dos leyes, y una dice una cosa y la otra, la contraria. La primera, de 2003, la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, dice que se creará un CISNS y que sus acuerdos se denominarán recomendaciones y, además, deberán adoptarse por consenso. Por tanto, tienen razón los que dicen que el CISNS solo puede hacer recomendaciones y deba haber consenso, así que con que no quiera uno, ya sea Ceuta, no vale. Pero en 2015, la ley de régimen jurídico del sector público recoge que las conferencias sectoriales, como es el CISNS en el caso de la salud, dice que los acuerdos adoptados serán por mayoría y obligarán también a los que han votado en contra. Entiendo que hay que aplicar esta última ley. Y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo para aplicar la ley de 2015 cuando el poder central tiene competencias de coordinación. Porque aquí la palabra mágica es coordinación.

- Lakua hace hincapié en el otro término, las competencias para regular algo como la hostelería.

- Eso es. El Estado no tiene competencias en hostelería, pero sí en coordinación sanitaria. Las CCAA tienen competencias de horarios y aforos, pero con Covid y sin Covid. Es por ello que El Corte Inglés cierra los domingos aquí y abre en Madrid. Pero ahora el Gobierno central hace valer la coordinación de la Sanidad, que es su competencia, para regular horarios. Ya ves, hay dos lecturas.

- Y de momento, la Audiencia Nacional da la razón a Madrid.

- Es que esas medidas de cierre de hostelería y ocio nocturna no son coordinación de la sanidad, otra cosa es que por razones de salud haya que aceptarlas. Pero el único expediente para que esas competencias autonómicas puedan ser aceptadas por el poder central, es el estado de alarma, que sirve para dos cosas: poder restringir derechos fundamentales y poder afectar a competencias de las CCAA. Pero sin él, el Gobierno no puede adoptar competencias de las comunidades.

- ¿No podría ni bajo el amparo de la coordinación de la sanidad?

- Es muy forzado. Coordinar la sanidad podría ser obligar a los hospitales a abrir las 24 horas para vacunar. Pero los bares no lo es, porque por esa misma vía todo podría afectar a la salud y, por tanto, podrías regularlo todo.

- El auto de ayer es cautelar, ¿qué realidad nos espera, qué prevé?

- Es cautelar pero está casi cantado. De los razonamientos del auto, me inclino por que el procedimiento será de anulación. No hay justificación para que el poder central asuma estas competencias. Hay pandemia, pero no un estado de crisis.

- Llama la atención que aún no se ha cumplido un mes desde que decayó el estado de alarma, y ahora el Gobierno central obligara a una restricción general...

- Es esquizofrénico. El Gobierno dijo que no hacía falta estado de alarma, pero ahora dice que, como seguimos en pandemia, debemos intervenir en las autonomías. ¡Oiga, que no puede! Esto no habría pasado si hubiera ido renovando un decreto de alarma para 15 días mientras avanza la vacunación. Y no habría discusión.

- ¿Casa bien que Sanidad dijera que su orden es de obligado cumplimiento -ahora pasará a recomendación- y dé a las CCAA un margen para modularla? ¿Cuál sería ese espacio de maniobra?

- Es que no en todas las comunidades tendrían que cerrar la hostelería en la misma medida. Si Valencia está mejor que Euskadi, no le vas a penalizar tanto. Por eso está bien modular según los indicadores fijados en el CISNS. Da margen a las CCAA para regular las medidas, pero también establece un semáforo para actuar de un modo u otro. Aunque ahora sus obligaciones parece que podrían quedar en recomendaciones.

- La pandemia ha evidenciado un sinfín de contradicciones y lagunas jurídicas que, desde fuera, cuando menos sorprenden...

- (Ríe) No me extraña que te hagas lío porque a los que nos dedicamos profesionalmente al derecho nos parece mucho más lío. En muchos casos se ha hecho lo más confuso y complicado y ha generado gran inseguridad jurídica.

- No hubo consenso ni para decidir sobre el toque de queda sin estado de alarma, siendo la libre movilidad un derecho básico.

- No es lógico. Si un Tribunal Superior como el de Baleares o Valencia dice que se puede establecer un toque de queda sin estado de alarma, cabe pensar que se fue aprobando sin necesidad. Es sorprendente. Por eso será importante la luz que pueda dar el Constitucional, aunque sea tarde.

- Le pregunto por otra controversia: algún gobierno avanza que la mascarilla dejará de ser obligatoria en su comunidad...

- Es otro disparate. La mascarilla es obligatoria porque así lo determina una ley del parlamento. Es una ley excesiva, porque dice que hay que llevarla hasta en la cima de un monte. Se ha llegado a decir que igual el CISNS decide que ya no hay que usar mascarilla. ¡Pero cómo va a cambiar una ley que es del parlamento! En ocasiones se le ha dado al Consejo un papel que no le corresponde.