Europa reacciona a la injusticia con Yolanda
Derechos ·
Bruselas admite la necesidad de medir y controlar las trabas que aún sufren las personas con movilidad reducida para subir a buses, trenes o aviones tras el caso de una guipuzcoana con esclerosis y su silla
El caso de Yolanda Guijas, vecina de Arrasate enferma de esclerosis múltiple a la que a finales del año pasado un piloto de Vueling impidió subir al avión la silla motorizada que utiliza para moverse por utilizar una batería de litio, ha hecho que la Comisión Europea tome nota de las dificultades que las personas con movilidad reducida y otros colectivos aún encuentran para poder desplazarse en los medios de transporte tradicionales y asuma que debe ponerse las pilas y endurecer el seguimiento y control que realiza sobre el cumplimiento de los derechos de determinados pasajeros.
En una respuesta a una pregunta realizada por la europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao a raíz de que DV hiciera público este caso, la comisaria de Transportes, la rumana Adina Valean, admite que «la Comisión Europea no dispone de estadísticas sobre el cumplimiento por parte de las empresas de transporte de la legislación comunitaria en materia de derechos de los pasajeros, en particular sobre incidentes relacionados con personas con discapacidad o con movilidad reducida». A continuación, asume que «estas estadísticas son necesarias» y avanza que «se examina esta cuestión» en la evaluación de impacto que Bruselas está realizando de las normas de la UE en relación con los derechos de los pasajeros.
Dificultades a la ida
El caso que ha acabado llegando a Europa se produjo el pasado 5 de diciembre, cuando Yolanda y su marido, Aitor Herrera, se disponían a coger en Sevilla su vuelo de vuelta a Bilbao tras haber pasado el fin de semana en la capital andaluza. Ya en el trayecto de ida, el día 2, la compañía aérea les puso pegas para embarcar la silla, bajo el argumento de que funcionaba con baterías de litio y era peligrosa. Finalmente, tras varios intercambios de opiniones, mostrar un mensaje de la agencia de viajes que confirmaba que la legislación permite viajar con ella, y varias llamadas, pudieron acceder al avión metiendo la silla en la bodega.
La situación empeoró en el aeropuerto sevillano. Cuando ya estaban embarcando, a punto de entrar en el avión, el comandante salió de la cabina y les dijo que no podían viajar por miedo a la reacción de la batería de litio del vehículo. «Conmigo no viajas con esa silla, nos dijo», denunció Aitor en su momento. «Mi mujer le explicó que tiene una minusvalía y que la moto es como sus piernas, pero dijo que no. Que nosotros sí, pero que la moto no entraba al avión», añadió.
Tras unos minutos «muy desagradables» que obligaron a retrasar la salida del avión, la Guardia Civil les obligó a abandonar el túnel de embarque. Sin otras opciones para volar de vuelta a casa, tuvieron que alquilar un coche y conducir desde Sevilla hasta Gipuzkoa.
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Además de la legislación que protege los derechos de las personas con movilidad reducida en estos casos, el propio reglamento de Vueling sobre mercancías peligrosas permite transportar baterías de litio, aunque especifica que para su introducción en la aeronave «se requiere la aprobación del operador».
El caso de los trenes
Yolanda y Aitor presentaron la correspondiente reclamación ante la aerolínea y el caso fue llevado a las instituciones europeas por Izaskun Bilbao al día siguiente de que fuera publicado en este periódico. En su pregunta, la eurodiputada vasca recordaba que el reglamento europeo en vigor «consolida el derecho de los pasajeros con discapacidad a llevar acompañante o medios de asistencia», y preguntaba si existen datos sobre incidentes registrados sobre esta cuestión.
En su respuesta, la comisaria Valean recuerda, tras admitir que no existen este tipo de estadísticas, que en el caso del transporte ferroviario, por ejemplo, en junio de 2023 entrará en vigor el nuevo reglamento sobre los derechos de los pasajeros de ferrocarril. Entre otras cuestiones, obligará a los organismos estatales responsables del sistema ferroviario a publicar cada dos años informes de actividad, «incluidos los relativos a las reclamaciones recibidas en relación con la vulneración de los derechos de las personas con movilidad reducida», poniéndolos a disposición del público en la web de la Agencia Ferroviaria Europea (AFE).
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