El juez urge a Donostia a cumplir la sentencia y proteger ya las fachadas de los cuarteles de Loiola

El tribunal acepta así un requerimiento de Vox, partido que dio pie a la sentencia al reclamar en su día la protección de los cuarteles, y que ahora había exigido el cumplimiento del fallo judicial. El partido de Santiago Abascal alega que una vez que en noviembre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa llegaron a un acuerdo para la compraventa de las instalaciones por 73 millones de euros para que la ciudad pueda levantar en esas 17,5 hectáreas un nuevo barrio con entre 1.500 y 1.700 viviendas, se «pone en peligro» el cumplimiento de aquella resolución.

El Ayuntamiento había alegado contra esta solicitud que «no cabe ejecución provisional de las sentencias que anulan disposiciones generales» como defiende es el PEPPUC, mientras se dirimen otros recursos, como sucede en este caso con los de casación que tanto el Consistorio como el Ministerio de Defensa han presentado ante el Tribunal Supremo contra el fallo del TSJPV.

En sus fundamentos jurídicos, el TSJPV considera que la inclusión de los cuarteles en el PEPPUC, aun cuando fuera de forma provisional, no conllevaría una «situación irreversible», por cuanto siempre queda la opción de sacarlos de ese plan de protección. Por el contario, mantener los edificios sin protección especial podría dar lugar a «actuaciones contrarias al régimen de protección establecido», pudiendo generar en ese caso «perjuicios irreparables».

En principio, este auto no impide que el Ayuntamiento siga con sus planes de llevar adelante en esos terrenos la mayor operación urbanística proyectada en la ciudad. El alcalde, Eneko Goia (PNV), ya ha mostrado su disposición a, si así lo ratifica el Supremo, cumplir la orden del juez y mantener las fachadas principales de los dos edificios que fueron protegidos por la sentencia.

Se trata de los dos que dan hacia el río y a Loiola, y la intención del Consistorio es que se destinen a «equipamiento» para el nuevo barrio. La idea es que sean «elementos singulares y diferenciales», aunque aún se desconocen sus usos futuros.

En cualquier caso, el conflicto de los cuarteles no está cerrado, pues tanto el Ayuntamiento como el Ministerio de Defensa han recurrido en casación ante el Supremo la decisión del TSJPV. Una decisión del Alto Tribunal en sentido contrario a la de la corte autonómica evitaría al Ayuntamiento tener que mantener obligatoriamente las fachadas.