Consumo abre expediente a una segunda inmobiliaria por cobrar comisiones ilegales

Aunque el ministerio comandado por Pablo Bustinduy no desvela el nombre de la empresa, detalla que se trata de una «gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional» por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler. Prácticas como el cobro de comisiones ilegales o la obligación de contratar servicios no solicitados.

Se trata del segundo expediente de este tipo que se ha abierto desde el ministerio que dirige Bustinduy a través de la Dirección General de Consumo, después del que se abrió a finales de marzo a Alquiler Seguro por estas mismas posibles prácticas abusivas contra inquilinos. Estos expedientes se enmarcan en la investigación que Consumo está llevando desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario.

Este tipo de prácticas contra inquilinos están tipificadas como infracciones graves o muy graves y las multas podrían alcanzar hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la agencia infractora. En concreto, estas cláusulas o prácticas abusivas serían constitutivas de infracciones graves, sancionadas con multas de hasta 100.000 euros o seis veces el beneficio ilícito obtenido, o muy graves, sancionadas con hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio, según informan fuentes de Consumo.

Esta investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de InquilinasCECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y la OCU, y sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer estas u otras prácticas. De hecho, Facua celebró la actuación del ministerio en cuanto salió la noticia e instó a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos «a tomar ejemplo y actuar de una vez ante los fraudes inmobiliarios». En un comunicado emitido este martes, la asociación reclamó un cambio en la ley de los consumidores para que todos los expedientes sancionadores deban ser publicados, como los que incoa la CNMC.

Estos dos procedimientos abiertos se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene en el sector de los pisos turísticos contra Airbnb que «mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita». También hay otro expediente sancionador abierto contra otras plataformas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo «información falsa».

En este sentido, el ministerio ya ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.