Las universidades denuncian que están asumiendo la cotización de las prácticas

En el mismo señalan que pese a que la disposición Quincuagésima Segunda del Real Decreto-ley 2/20123, de 16 de marzo, atribuye a las entidades receptoras de los estudiantes en prácticas la la responsabilidad de gestionar y cotizar por dichos alumnos, «tanto las empresas como las administraciones públicas se han desatendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas». Explican que en el caso de las empresas, más del 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa.

Añaden que, las universidades, a pesar de sus muchas dificultades financieras, han asumido el coste de estas cotizaciones, que cuantifican en nueve millones de euros anuales, mientras se mantenga la bonificación del 95%, y sobre todo, remarcan, «el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal».

La CRUE considera «especialmente sorprendente que muchos organismos autonómicos hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y en el pago de estas cotizaciones cuando han sido los propios ministerios dependientes del Gobierno los que han generado esta regulación».

Además, indica que todavía hay algunas cuestiones que han planteado y que no se han resuelto a la hora de realizar los procesos de altas y bajas, derivadas de la enorme dimensión y heteregoneidad del colectivo estudiantil. Y ponen como ejemplo, el caso de los estudiantes en movilidad saliente o entrante o el del estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través del Muface. Todo ello, apunta, pese a haber mantenido numerosas reuniones con los responsables provinciales y nacionales de la Tesorería de la Seguridad Social con el objetivo de que el procedimiento técnico fuera lo más claro y preciso posible.

Pero la queja de las universidades va más allá, ya que se sienten «agraviadas» respecto a los estudiantes de FP, ya que tanto la gestión como el coste de sus prácticas corren a cargo del Gobierno. En lo que respecta a la cotización de estos estudiantes, la Seguridad Social también bonifica el 95% y el 5% restante lo asume el ministerio de Educación o las consejerías de Educación.

Finalmente, la CRUE muestra su preocupación por algunas informaciones inexactas que mezclan las prácticas curriculares, como es este caso, con las extracurriculares, cuando son bien distintas, señalan, y también «que se hable de encadenamiento de prácticas que, lógicamente, no tiene cabida en la implementación de un plan de estudios», remarca.

La cuantía que deben asumir las universidades por cada alumno en prácticas apenas llega a los diez euros al mes y en el caso de los estudiantes de FP el coste que que asumen las consejerías ronda los dieciocho euros.