La negociación del Metal y otros pactos clave en Gipuzkoa auguran un 2022 laboral conflictivo

Entre estos se encuentra, en lo que respecta a Gipuzkoa, el convenio del Metal, el más importante, que se firmó en 2020 tras estar diez años bloqueado, con tres años de vigencia. Pero también toca negociar otros acuerdos sectoriales referentes en el territorio como son el de Construcción y Obras Públicas, el del Papel, la Industria y Comercio de la Alimentación o el de Artes Gráficas.

Cuatro pactos que vencen a finales de este año y que meterán más presión a una negociación colectiva que estará marcada sobre todo por el impacto de la inflación en la actualización de los salarios. Y es que este año el IPC está marcando registros nunca vistos en más de veinte años.

Hasta noviembre la cesta de la compra se ha encarecido en el conjunto del Estado el 5,6% y en Euskadi el 5%. Esta cifra es el referente para la revisión de las pensiones, pero para conocer la de los salarios habrá que esperar al cierre de año, aunque no se espera que se modere mucho.

Por lo tanto 2022 se va a caracterizar por el alto volumen de la negociación colectiva, si se activa en toda su plenitud, y también por la conflictividad que introducirá el factor inflación-salarios, tal y como han adelantado todos los sindicatos y también augura la propia Adegi.

Pero vayamos por partes. Este año tan solo se han rubricado dos convenios colectivos en Gipuzkoa, lo que hace que a 31 de octubre –ver gráfico ajunto– más de la mitad de los trabajadores sujetos a acuerdos sectoriales o bien tengan sus pactos decaídos (24,7% del total, lo que afecta a 26.199 trabajadores), o los tengan prorrogados (30,5%, lo que implica 32.305 empleados). Es decir, que tan solo tienen sus convenios vigentes el 44,8%, con 47.535 trabajadores afectados.

Pero de los siete convenios que están vigentes este año cuatro de ellos vencen a finales de 2021–los señalados antes–, con 14.214 trabajadores afectados, lo que hará que el próximo ejercicio pasen a situación de ultraactividad –tendrán un año más de vigencia como establece la última legislación laboral–, según recuerda el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL).

Si a estos se añade que también se iniciará la negociación para renovar el convenio del Metal –vigente hasta finales de 2022–, que es el principal referente, con 40.000 trabajadores afectados, el volumen es muy significativo.

Además de estos convenios de sector, actualmente están en vigor 109 convenios de empresa con 11.667 trabajadores. De estos, 45 perderán su vigencia al finalizar este mes, con una población afectada de 4.691 personas. A ellos se sumarán otros 2.732 empleados de una decena de convenios que decaerán el 1 de enero de 2022.

Todo ello da una idea del volumen de la negociación colectiva que se avecina, a lo que se sumará la tensión que introducirá el factor inflación. De hecho, siendo consciente del impacto que puede tener sobre los salarios el IPC desbocado, Adegi se adelantó –es la única patronal vasca que lo ha hecho– el pasado 26 de noviembre con una propuesta a sus empresas asociadas en la que planteaba negociar que ese reflejo de los precios en los salarios se reparta en dos años para que ser asumible para las compañías y no lastrar su competitividad.

Se trataría, defiende Adegi, de «ante una situación completamente extraordinaria» negociar en cada empresa fórmulas que permitan «repartir en dos años el impacto en los salarios de una inflación desorbitada y generada por causas exógenas, como es el precio de la energía en los mercados internacionales, el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella creados en la industria». Busca que no se convierta en estructural algo que considera coyuntural.

La asociación empresarial plantea dos posibles opciones. En la primera sugiere no usar el IPC interanual de diciembre (el habitual) sino el incremento medio del IPC, que es el que se ha utilizado para la revalorización de las pensiones y que para este año se estima en el 3% y para el 2022, en el 2,6%. Así, se aplicarían esas dos subidas en los próximos dos ejercicios.

La segunda opción se apoya en el IPC interanual normal, y plantea sumar las subidas a fin de año en 2021 y 2022 (si nos atenemos a lo previsto, sería sumar 5,1% y 0,9%) y dividir la cantidad por la mitad para aplicar esa revalorización en 2022 y 2023; en este caso, con sendas alzas del 3%.

Una propuesta, adelantada por este periódico, que cosechó un rotundo rechazo por parte de ELA, LAB y CC OO. UGT no quiso pronunciarse en ese momento.

Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA, recordaba que «los trabajadores guipuzcoanos ya están perdiendo poder adquisitivo este año y evitarlo es y va a seguir siendo prioritario para nosotros», avanzaba. Cabe señalar que los convenios vigentes del territorio recogen este año una subida salarial de solo medio punto. Y añadía que «no les hemos visto –en referencia a Adegi– en sentido contrario cuando el IPC era negativo, como pasó por ejemplo el año pasado».

En la misma línea de rechazar «recortes en el poder adquisitivo» se pronunciaron Xabier Ugartemendia (LAB) y Fran Osuna (CC OO), que apelaban a que «los trabajadores también pagan en sus casas la electricidad».