El callejón sin salida del Gobierno para cambiar el contrato con Huawei: más tiempo y más dinero

La infraestructura en cuestión, denominada RedIRIS, da servicio sobre todo a universidades y centros de investigación, y está montada sobre los equipos de Huawei, empresa china donde se ha intensificado la presión por parte de EE UU por sospechas de espionaje. El Gobierno de España siempre ha defendido que los servicios ofrecidos por la tecnología de Huawei en sus organismos públicos -que no se limita ni mucho menos a esta red- estaban a salvo de interferencias o 'hackeos' de ningún tipo. Es más, fuentes técnicas consultadas insisten en que los dispositivos instalados concretamente en esta infraestructura no son capaces de absorber información que supongan un peligro para la seguridad, ya que -simplificando mucho- son la 'carcasa' de la tecnología, no el 'cerebro' que envía los datos.

Sin embargo, en este caso el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación y desde el Ministerio de Transformación Digital aseguraron que dicho contrato se estaba cancelando. Pero el Gobierno se enfrenta a un callejón sin salida porque una vez que se resuelva este escollo y se lance una nueva licitación, ¿quién será el beneficiario? Y, sobre todo, ¿cuánto costará este cambio de criterio? Fuentes del sector indican que solo hay cuatro empresas que podrían actualizar el sistema de Red.es que se había dado a la china: Ericsson, Nokia, ZTE o Samsung.

Estas dos últimas quedan casi descartadas, una por su origen -ZTE también es china- y otra por su escaso negocio de redes en Europa. Sin embargo, Ericsson y Nokia tienen todas las papeletas para hacerse con el contrato de Huawei. Eso sí, a un mayor coste. De origen sueco Ericsson y finlandés Nokia, serían la opción indicada si se quiere apostar por un operador europeo, pero si hasta ahora han copado una parte del mercado menor que Huawei ha sido -en parte- porque los costes son mucho más elevados.

Y existe un problema añadido. El contrato firmado con Telefónica y Huawei suponía la «actualización» por 10 millones de euros de un sistema cuyo contrato se firmó en 2020 con la tecnológica china. El objetivo de la Administración era dar una mayor potencia a una red antigua y poder ampliar la capacidad de los 100 gigabits por segundo (Gbps) actuales a 400 Gbps, según consta en la documentación oficial que adelantó El País. Pero en caso de que la licitación -de llevarse finalmente a cabo- eligiera a un integrador diferente a Telefónica con un fabricante de equipamiento también distinto (Ericsson, Nokia o algún otro) no habría que actualizar la red, sino instalar un nuevo sistema al completo, ya que los componentes y la tecnología que usan las empresas son diferentes en cada caso. Esto podría triplicar o incluso cuadriplicar el coste presupuestado en un primer momento, aseguran fuentes consultadas por este periódico. Y no solo el coste, si se cambian los equipos de Huawei por los de otro operador habrá que cortar el suministro de red durante un tiempo indeterminado, con lo que ello puede suponer para los organismos a los que suministra conexión.

Por tanto, al Ministerio de Transformación Digital y Red.es les queda una andadura complicada en este proceso. No hay muchas opciones sobre la mesa, o el Gobierno lleva a cabo una nueva licitación con una migración de la red que supondría el coste y los plazos extra comentados anteriormente, o se mantiene la red actual sin actualizar por no ratificar el nuevo contrato con Huawei condenándole a los 100 Gbps que en un principio eran insuficientes para el tráfico actual.