«Estuve cinco años con avisos de embargo hasta que respiré otra vez»

La acumulación de deudas públicas la asfixió por completo. M. I. debía 16.000 euros a la Hacienda guipuzcoana y 18.000 a la Seguridad Social –34.000 euros en total–. No tenía préstamos privados: solo las cantidades correspondientes a cuotas impagadas y tributos atrasados. La situación llevaba enquistada desde 2018, según consta en el expediente, con actuaciones pendientes del 18, del 20, del 21 y del 22 . Cinco años de cartas, amenazas de embargo y un negocio cada vez más frágil.

Su tienda funcionaba al límite: ingresaba lo justo para vivir y pagar el alquiler del local, pero incluso ese pago llegó a estar en riesgo. La Seguridad Social, relata, llegó a comunicarle que la renta debía ingresarse directamente al organismo público, lo que ponía en peligro la continuidad del negocio. «Ahí ya me asusté mucho. Con esto evité el desahucio, básicamente» .

Ella y su marido estaban casados en gananciales, de modo que la ley obligaba a presentar la solicitud de forma conjunta. Su marido se encontraba entonces en desempleo, lo que al menos evitó que a él le pudieran embargar nada. Tras analizar la situación en 2023, el despacho de abogados acudió al nuevo procedimiento rápido de microempresas y personas autónomas. El concurso se presentó en enero de 2024 y se resolvió en otoño. «En menos de seis meses», subraya su abogado, gracias a la agilidad del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Donostia.

La aplicación de la ley permitió exonerar el máximo legal de deuda pública: «Pedimos la exoneración del pasivo insatisfecho… con los límites de 10.000 euros por cada una de ellas» –Hacienda y Seguridad Social–, explican. El resultado fue inmediato: «Lo que consiguió es quitarse 20.000 euros y poder devolver el resto según pudiera» . La carga se redujo a 6.000 euros con Hacienda y 8.000 con la Seguridad Social, cantidades que ahora puede afrontar sin poner en riesgo su actividad.

Aunque exhausta por años de persecución administrativa, esta persona sintió alivio al fin del proceso. Así lo resume: «Me puse súper contenta porque no paraba de recibir notificaciones de 'te voy a embargar', 'tienes esto pendiente'… Estuve cinco años con avisos de embargo, hasta que pude respirar otra vez» . La resolución no solo evitó el cierre de su tienda, sino que le permitió continuar trabajando sin el miedo constante a perderlo todo. Tras media década de angustia, la Ley de Segunda Oportunidad no fue para ella una abstracción jurídica, sino la puerta a una vida respirable.