30.000 perceptores de la RGI recibirán el nuevo ingreso mínimo sin tener que pedirlo

Así lo apuntó ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante una rueda de prensa en la que dio a conocer algunos aspectos relacionados con la nueva ayuda estatal, cuya gestión correrá a cargo de Lanbide después de que el Gobierno Vasco negociara con el Ejecutivo central la transferencia de su gestión. Un traspaso, en cualquier caso, que no tendrá lugar hasta octubre, por lo que de forma transitoria se aprobará una encomienda que habilite al Ejecutivo Vasco paera hacerse cargo de esa tarea, lo que permitirá simplificar los trámites. Esto hará que en ese periodo transitorio, los perceptores de ambas ayudas las cobren en dos pagos diferenciados, el que provenga de la Seguridad Social y el que abone Lanbide. Hasta ahora la Tesorería estatal abona las pensiones el 25 de julio y si hace lo mismo con la nueva ayuda habría un pequeño decalaje con respecto a la RGI, que se paga el último día de cada mes.

Aunque no hay cifras exactas porque el Gobierno Vasco lo desconoce todavía, los perceptores que compatibilizarán ambas ayudas podrían rondar las 30.000 personas. En la actualidad los perceptores de la RGI son un total de 53.274. De éstos, 20.000 quedan excluídas de la nueva ayuda estatal, según explicó ayer Artolazabal. Entre ellos dos colectivos, fundamentalmente los pensionistas mayores de 65 años a los que la RGI les complementa su prestación (13.185), y los inmigrantes que no tienen residencia legal (3.000). Los pensionistas suponen el 25% de los perceptores de la RGI, aunque solo absorben el 12% de los fondos.

Pero desde Lanbide señalan que, a falta de realizar ese cotejo, no todos los restantes perceptores de la RGI tendrán derecho al IMV, aunque sí la mayoría, ya que los criterios no son exactamente los mismos. Además, habrá otras personas que no perciben la RGI y que tendrán derecho a solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Estos podrán hacerlo a partir del 15 de junio en las oficinas de Lanbide. Dispondrán de tres meses para ello y tendrá carácter retroactivo a 1 de junio.

La consejera quiso remarcar que en ningún caso la entrada en vigor de la nueva ayuda supondrá una merma para quienes estén percibiendo en estos momentos la RGI.

A preguntas de los periodistas, Artolazabal apuntó que el Gobierno Vasco desconoce todavía el impacto económico que tendrá la nueva ayuda en Euskadi, es decir, cuánto se ahorrará el Ejecutivo Vasco con la entrada en vigor de la IMV, que se aprobó ayer al mediodía en un consejo de ministros extraordinario. Explicó que son cálculos muy complejos y que ese flujo financiero se analizará en la próxima reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico. En cualquier caso, destacó que ese aspecto no ha sido lo que más le ha preocupado al Gobierno Vasco e incluso señaló que no estaba encima de la mesa en las negociaciones que ses han llevado a cabo en los dos últimos meses entre el Ejecutivo de Vitoria y el central para tratar de acordar la transferencia de la gestión. Artolazabal destacó que la máxima prioridad era garantizar la compatabilidad y complementariedad de ambas ayudas así como que existiera una ventanilla única para que el Ejecutivo Vasco pudiera gestionar el IMV con todas las garantías.

La consejera recordó que el año pasado el Gobierno Vasco destinó 422 millones a la RGI, incluído el complemento de vivienda, y que desde 2012 han sido 3.000 millones sin incluir en esta cifra ese complemento.

Tras poner en valor la importancia de la transferencia de la gestión, explicó que los requisitos de ambas ayudas no son miméticos. Así, para percibir el IMV se requieren tener más de 23 años, un año de residencia legal y un patrimonio neto que oscila entre los 16.614 euros en el caso de que solo sea una persona o los 43.196 de un matrimonio. En lo que respecta a la RGI la edad no varía, pero se exigen tres años de residencia y un patrimonio neto que no supere los 30.000 euros. Una cantidad que tiene en cuenta la unidad convivencial.

La consejera ofreción datos del alcance de la RGI. De los 53.274 perceptores, 12.692 son guipuzcoanos, 32.348 vizcaínos y 8.234 alaveses. El 18,8% de los titulares recibe la renta complementaria de trabajo (10.026); uno de cada cuatro es pensionista; 9.031 personas perciben el complemento monoparental (17%) y el 46,9% el de vivienda (25.000). Además, el 58,3% de los titulares son mujeres y la prestación destinadasa unidades familiares sin ningún tipo de ingreso alcanzan a 29.771.