Eibar

EH Bildu reclama «transparencia» y «debate público» sobre el parque eólico de Basalgo

El proyecto, tal y como está planteado, afectaría a los términos municipales de Eibar, Soraluze y Bergara, con Elgeta como punto de paso de las infraestructuras asociadas. Esa dispersión territorial, sostiene EH Bildu, «exige explicar bien las afecciones y dar tiempo para que tanto los ayuntamientos como los vecinos puedan presentar alegaciones fundamentadas sobre biodiversidad, fauna, accesos, pistas y afección a suelos de alto valor».

La coalición quiere dejar claro que «la competencia es del Gobierno Vasco» y que, por tanto, «no son los ayuntamientos quienes deciden si el parque se hace o no. Corresponde al Gobierno Vasco dar toda la información y adoptar la decisión final; los ayuntamientos podemos y vamos a alegar, pero el marco es autonómico», insisten.

Aun así, adelanta que registrarán alegaciones «en defensa del entorno y de las actividades que ya existen en esos montes». EH Bildu considera que el Ejecutivo autonómico tiene una falta de planificación estratégica en materia de generación renovable. A su juicio, los proyectos están llegando «uno a uno, empresa a empresa», sin un mapa previo que ordene qué zonas son aptas, cuáles deben quedar excluidas por su valor natural o paisajístico y qué participación local se garantiza en cada instalación. «Los proyectos energéticos no pueden abordarse solo desde una perspectiva técnica o económica. Hace falta un debate público sobre el modelo», señalan, enlazando este caso con el proceso Argitzen puesto en marcha en Debagoiena para ordenar la transición energética desde una óptica social. La formación marca, además, cuatro condiciones políticas si el proyecto siguiera adelante. Entre ellas están la participación local en la propiedad. « Empresas, entidades municipales y comunidades energéticas del territorio deben poder entrar en el capital o en el aprovechamiento del parque». También abogan a una energía para el entorno y a precio justo. «La mayor parte de la electricidad generada debe quedarse en manos de empresas, administraciones públicas o comunidades del área». Respeto a los lugares de mayor valor, la ubicación final tiene que evitar ecosistemas forestales valiosos, suelos agrícolas estratégicos o zonas con valores especiales. También se piden medidas compensatorias negociadas, además de lo que marcan las leyes climáticas y energéticas. «Los promotores deberán pactar con los ayuntamientos y la ciudadanía actuaciones en favor de la biodiversidad, custodia del territorio u otras fórmulas de retorno. También el canon que cobra el Gobierno Vasco debería orientarse a ese fin. Lo importante es que no se dé por hecho que está aprobado. Es la fase de escucha».