El juzgado cita para diciembre a los cargos imputados por prevaricación

El juzgado de Eibar ha citado, para los próximos días 4 y 5 de diciembre a los cargos y funcionarios municipales a declarar por la imputación de un delito de prevaricación por la venta del solar de Errebal a la adjudicataria Eibar Boulevard. El día 4 de diciembre, el juzgado llamará a declarar a las 10.00 de la mañana, al alcalde , Miguel De los Toyos; a las 11.00 horas, a la secretaria municipal, Arantza Etxaniz y a las 12.00 horas, a la arquitecta, Elena Juaristi. El día 5 de diciembre, corresponderá el turno al exalcalde y secretario provincial del PSE, Iñaki Arriola, al abogado, Iñaki Serrano y al concejal del PSE, José Luis Vallés.

Todos ellos deberán declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de prevaricación por la venta y posterior compra por parte del Ayuntamiento de la parcela Errebal. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa estimó en parte, en un auto fechado el pasado 15 de julio, un recurso presentado por Aralar. El tribunal obligaba al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Eibar, que había archivado provisionalmente el caso, a tomar declaración a De los Toyos y a otros tres cargos del Consistorio (la secretaria municipal, el asesor jurídico del área de Urbanismo y la arquitecta municipal), así como al exalcalde, Arriola, y al concejal Vallés, todos imputados por el mismo delito.

Demanda de Aralar

El pleno del Ayuntamiento, con los votos del equipo de Gobierno, en manos del PSE, aprobó en mayo de 2006 la venta de la parcela Errebal, de propiedad municipal, que había acogido al mercado de abastos y una escuela de música. El objetivo de la iniciativa era la construcción de un centro comercial. El concurso público se licitó en cerca de 650.000 euros. La empresa que ganara además debía entregar al Ayuntamiento un local del futuro centro para albergar el antiguo mercado y un aparcamiento, valorados los dos en 3,6 millones.

SPV Boulevard S. L. se hizo con el concurso pero no fue capaz de terminar la primera fase de ejecución del proyecto, la entidad que sustentaba económicamente las obras retiró la financiación por los retrasos acumulados. El pleno del Ayuntamiento acordó en enero de 2010 la resolución del contrato con SPV Boulevard S. L. por mutuo acuerdo. La parcela volvió a ser de titularidad pública por 1,1 millones, pero Aralar presentó demanda.