El responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace, Julio Barea, denunció ayer el «elevado coste económico, laboral y ambiental» que, a su juicio, conlleva la incineración de basuras y reclamó la paralización de la construcción de la incineradora de Zubieta.
Barea presentó en San Sebastián el informe La incineración de residuos en cifras: Análisis socio-económico de la incineración de residuos municipales en España, con el que Greenpeace pretende «poner en manifiesto el elevado coste económico, laboral y ambiental que tiene la incineración de basuras, ya que es un sistema de gestión que endeuda a los municipios, destruye empleo y contamina».
Barea estuvo acompañado por Ignasi Puig, doctor en Ciencias Ambientales. Puig ha trabajado como asesor para el Congreso y colabora con municipios catalanes en la implantación de la recogida puerta a puerta.
El estudio analiza la información recogida de las diez plantas existentes en España. Puig destacó que «en las localidades que transportan sus residuos a una incineradora el gasto municipal por cada vecino, en concepto de recogida y limpieza viaria, es casi un 20% mayor que para los que no la tienen». Añadió que este aumento de coste queda reflejado también en las tasas de basura.
1.180 millones
Puig denunció que las incineradoras son «caras de construir y de mantener». Indicó que las diez plantas que están en funcionamiento en España han supuesto «una inversión de 1.180 millones de euros».
Barea añadió que estas infraestructuras «tienen periodos de amortización de varias décadas en los que requieren de un aporte sostenido de residuos para hacer viable la recuperación de las inversiones». Consideró que en la actual coyuntura de crisis esos fondos «deberían de destinarse a la prevención, recogida selectiva y al reciclaje de los residuos».
