Nuevas cuantías, una ayuda propia para pensionistas y la supresión del índice del SMI

Decir RGI es decir debate político. La propuesta del PNV y del PSE, ya desde su primera exposición, generó polémica cuando la consejera Beatriz Artolazabal puso el acento en el control y en que se iba a limitar a una RGI por domicilio, sin enunciar las excepciones contempladas para responder a situaciones como la convivencia bajo un mismo techo de dos personas sin recursos que necesiten cobrar la ayuda social. Hasta que fue aclarado este punto, el resto de medidas, muchas de ellas de calado, quedaron en cierta medida eclipsadas.

La propuesta contempla un nuevo sistema para calcular las cuantías. A partir de una base mínima (455 euros), se irían sumando complementos en función de cuántas personas vivan en ese hogar. Como máximo, una unidad convivencial de una sola persona podrá cobrar 659,75 euros al mes, frente a los 644,49 euros actuales. Un hogar de dos adultos con dos menores recibiría 1.032,40 euros en lugar de los 915,47 actuales. Hay que tener en cuenta que se está aplicando desde 2012 un recorte del 7% que la propuesta asume. Además, para actualizar las cuantías ya no se tendría en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sino que se adoptaría otro nuevo valor que calcularía la evolución del coste de las necesidades básicas del hogar.

Se crearía una ayuda propia para los pensionistas aunque en la práctica el colectivo deberá seguir acudiendo a Lanbide para tramitar la ayuda. También es relevante la decisión de no suspender de forma íntegra la ayuda cuando un perceptor incumpla una de las obligaciones, sino flexibilizar la sanción en función de la gravedad. Se apuesta por que los cobros indebidos prescriban al año, salvo que sean casos de fraude. Y se elimina el límite máximo de tres años para que los trabajadores pobres puedan seguir recibiendo la ayuda como complemento a un salario bajo.