25.000 millones de euros, el impacto económico del terrorismo de ETA

El coste económico directo provocado por la actividad terrorista de ETA -además de las miles de víctimas a sus espaldas, de ellas más de 800 asesinadas- en la economía del País Vasco y Navarra se estima en 25.000 millones de euros, según una investigación que se recoge en el libro 'La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial', coordinado por Josu Ugarte Gastaminza. El trabajo desentraña, sobre datos y hechos probados, la factura del terror etarra y detalla la cruel maquinaria de la extorsión a la que ETA sometió a al menos 10.000 empresarios, directivos, profesionales o pequeños comerciantes. Además de Ugarte, en el texto participan Gaizka Fernández Soldevilla, Florencio Domínguez, Martín Alonso, Pablo Díaz, Francisco Javier Merino, Borja Montaño y José María Ruiz y Doroteo Santos.

Las acciones que la banda terrorista desarrolló desde que el 7 de junio de 1968 Txabi Etxebarrieta disparó por la espalda y después remató al guardia civil José Antonio Pardines en Villabona hasta el cese definitivo del 20 de octubre de 2011 necesitaban de ingresos económicos y, para lograrlos, no dudó en tomar tres caminos de terror: los robos, los secuestros y las extorsiones. Según se desprende del libro, el coste directo de estas acciones rondó los 87 millones.

Aunque es difícil de calcular con exactitud, los autores de la investigación cifran entre 20.000 y 25.000 millones de euros el impacto económico del terror ejercido por la banda, aunque aseguran que es mucho mayor. La cifra se desprende, en parte, de los datos recogidos en un informe pericial firmado en noviembre de 2004 y elaborado a raíz del sumario 35/2002 -contra las herriko tabernas- abierto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, más la estimación de los años posteriores en base a una serie de factores cuantificables tras una exhaustiva labor de rastreo. De los números finales del coste directo, 5.343 millones corresponden a lo que supuso el cierre de la central nuclear de Lemoiz y alrededor de 10 millones a la autovía de Leizaran, dos proyectos que estuvieron en el punto de mira de los terroristas en los años 80 y 90, al igual que estuvo después la construcción del TAV. La investigación coordinada por Ugarte apunta que el coste es muy inferior al que ETA ha podido causar por la vía de la reducción del potencial de crecimiento. De hecho, asegura que la estimación más respetada del porcentaje del PIB per cápita perdido por los vascos es del 10%.

La primera vía de financiación de ETA fue a través de las suscripciones de sus miembros. Los autores del libro citan que el primer informe policial en el que se menciona a la banda, de agosto de 1961, revela que «las cotizaciones de los etarras eran de entre 3 y 5 pesetas semanales». Años después optaron por los atracos como método para autofinanciarse. El primero ocurrió el 24 de septiembre de 1965. Gaizka Fernández Soldevilla relata que un comando «extremadamente torpe (solo uno de sus miembros se había acordado de llevar pistola)» atracó al cobrador del Banco Guipuzcoano en Bergara. Fue un auténtico fiasco. El robo se llevó a cabo antes de que la víctima realizase la ruta y el botín ascendió a letras de pago inservibles y 2,75 pesetas (0,44 euros), las monedas que llevaba el empleado del banco para dar el cambio cuando cobrara los recibos. En 1967, la banda consiguió realizar sus primeros atracos con éxito. En abril, un comando se introdujo a punta de pistola en el domicilio del director del Banco Guipuzcoano de Villabona, a quien robaron las llaves de las oficinas y la caja de caudales. ETA obtuvo un botín de 1.060.000 pesetas (147.300 euros). En octubre volvieron a asaltar la misma sucursal y se llevaron 600.000 pesetas. El Banco Guipuzcoano de Aretxabaleta sufrió idéntica suerte en marzo de 1968 y le fueron sustraídas 740.000 pesetas. Los 332.000 euros en total de los tres atracos supusieron la cifra más elevada de las que hasta entonces había manejado. Fue a finales de los 70 cuando este método fue más efectivo. Según repasan los autores del libro, en base a informes policiales y judiciales, ETA ingresó 555 millones de pesetas (19 millones de euros) de 1977 a 1986.

Otra de las fuentes de financiación más importantes de ETA, en especial a lo largo de los años 80 y 90, fue el secuestro y posterior cobro del rescate. Este método resultaba mucho más rentable para la banda. Las cantidades que reclamaban al principio de la década de los 80 oscilaban entre los 50 millones de pesetas (771.223 euros) la mas alta y 200.000 (3.084 euros) la más baja. A esta modalidad se añadieron, a finales de los 90, los secuestros exprés que exigían 700.000 euros para poder ser liberados. De los 79 secuestrados en ambas modalidades, 55 fueron empresarios. Cuatro fueron asesinados, otros cinco liberados por las Fuerzas de Seguridad, trece puestos en libertad tras dispararles en las piernas y el resto recuperaron la libertad tras pagar el rescate o comprometerse a hacerlo. El 8 de abril de 1976, el industrial guipuzcoano Ángel Berazadi fue el primer rehén asesinado. La familia no pudo hacer frente a los 200 millones que le pedía ETA. Ofrecieron una cantidad menor, pero la banda optó «por dar un escarmiento a los empresarios vascos».

Los autores del libro apuntan que hay constancia de que el 'impuesto revolucionario' de ETApm ya estaba en marcha a finales del verano de 1975, pero el anuncio oficial de la banda se retrasó hasta septiembre de ese año. La rentabilidad del chantaje económico hizo que tanto ETAm como los Comandos Autónomos Anticapitalistas se apresuraran a copiar el método. La eficacia del sistema recaudatorio necesitaba del miedo como motor de la colaboración no deseada de las víctimas. La mejor manera de inocular el miedo era mostrar las trágicas e irreparables consecuencias que podría deparar la negativa al chantaje. Según el recuento de Florencio Domínguez, fueron 16 las personas asesinadas como consecuencia directa de la extorsión. En medio de un ambiente social en el que predominaba la pasividad ante este acoso, las declaraciones públicas de organizaciones políticas, empresariales y de las instituciones en general eran tajantes respecto al llamamiento a no pagar el denominado impuesto revolucionario. Francisco Javier Merino cita que el PNV llegó a anunciar públicamente «la prohibición a todos los afiliados de pagar e incluso a amenazar con la expulsión del partido a quienes cedieran al chantaje».

La documentación hallada en noviembre de 1986 en un zulo de la empresa Sokoa de Hendaya dejó al descubierto por primera vez un gran volumen de información sobre los ingresos y los gastos de la organización terrorista. Se pudo conocer el gasto realizado por ETA en los años 1985 y 1986, lo que permitió establecer que el presupuesto anual oscilaba en aquella época entre los 5,01 y 6,68 millones de euros. En el caso del IRA irlandés multiplicaba casi por cinco esas cantidades. Aquel zulo también aportó datos muy valiosos sobre la extorsión de ETA. Permitió así identificar 23 puntos de Iparralde en los que se acreditaba que la banda acostumbraba a establecer citas con personas chantajeadas. El punto más usual era la casa de un sacerdote cercano a ETA. Los bares de la zona eran también puntos calientes, al igual que frontones, cines, campos de fútbol, parques, aparcamientos o zonas de playa. El estudio de esa documentación permitió contabilizar unos ingresos en concepto de extorsión de 21,5 millones de euros, la mayor parte conseguidos entre 1980 y 1986.