Europa avala el peaje de la N-1 y concluye que no discrimina los camiones por su origen

El aval de Bruselas permite a la Diputación seguir con sus planes con la seguridad de que los tribunales europeos no van a obligar a modificar los criterios elegidos. El diseño del nuevo sistema de peaje se cimentó expresamente sobre unas bases jurídicas que permitieran un doble objetivo: hacer pagar a los camioneros extranjeros cuando pisen suelo guipuzcoano y a la vez cumplir la legislación europea que no permite discriminar en el cobro por razón de origen.

La colocación de un arco de peaje en Andoain, el último que queda por colocar de los tres previstos, no es casual. Por él discurrirá el tráfico interno, al que se ha procurado perjudicar lo menos posible, como ha insistido en sus explicaciones la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, aunque el proyecto ha nacido con el enfado del sector. El montaje de ese tercer pórtico está previsto los días 6 y 7 de octubre, el viernes y sábado de la semana que viene, según los plazos que maneja la Diputación. Los de Irun y Etzegarate ya llevan semanas recordando a los conductores que el proyecto es una realidad.

Queda pendiente, sin embargo, el recurso presentado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero la Diputación no ha alterado el calendario del proyecto. Completada la instalación, el último trimestre servirá para probar el sistema, lo que se llama marcha blanca, un periodo durante el cual se empezarán a leer las matrículas de los camiones pero no se activará el cobro. Será a partir de enero cuando sí se empiece a aplicar el cobro a todo vehículos de más de 3,5 toneladas que circule por la N-1. Los trayectos entre Irun y E-tzegarate, es decir, el que realiza el tráfico de paso por el territorio, costarán en torno a los 10 euros, mientras que por el itinerario más corto se pagará alrededor de 85 céntimos. Los precios definitivos se aprobarán a finales de año, una vez se pruebe el funcionamiento del sistema.

Pero la noticia del visto bueno europeo tiene también consecuencias más allá de Gipuzkoa. «Sienta un precedente» de cara a otras comunidades que «están mirando muy de cerca» la experiencia guipuzcoana, el primer territorio en el Estado en instalar un sistema de peajes exclusivo para camiones, interpreta Juanjo Álvarez, uno de los firmantes del informe jurídico encargado por la Diputación al despacho Cuatrecasas y rubricado también por el abogado Joanes Labayen y el excomisario europeo de Justicia e Interior Antonio Vitorino. Aunque es difícil encontrar un territorio con las mismas características que Gipuzkoa, con un tráfico de paso de 12.000 vehículos pesados al día, «se abre una espita muy interesante» ya que se despeja el camino para futuras iniciativas similares.

El «gran reto» ahora, en palabras de Álvarez, será cómo ayudar a los camioneros locales sin incurrir en una discriminación. El margen de maniobra que permite Europa es escaso, por no decir nulo. Por ejemplo, no permite aplicar descuentos de forma parcial ni aplicar bonificaciones fiscales. De ahí que se estén estudiando alternativas de la mano del sector local para poder financiar la renovación de la flota o acometer otros proyectos ventajosos, como puede ser el centro integral para el transporte que la Diputación se ha comprometido a retomar.

Una vez la N-1 se convierta en una carretera de pago para camiones, la Diputación calcula que unos 1.500 vehículos pesados al día -la cuarta parte de los actuales- elegirá cruzar el territorio por la AP-8 y la AP-1, un trazado en teoría más cómodo que la sinuosa nacional pero también más caro. El peaje servirá por lo tanto para descongestionar la vía y además permitirá que sean los camiones extranjeros -el 60% de los 12.000 diarios por la N-1- los que carguen con la mayor parte de la financiación de la carretera. Hasta la fecha, los tres millones de euros al año que cuesta el mantenimiento del firme de la vía han salido de las arcas forales, y por lo tanto del bolsillo de los guipuzcoanos. A partir de enero, esa cantidad ya podrá ser destinada a otros proyectos que beneficien al conjunto del territorio.