Áncora insiste en que la sentencia «no cuestiona la protección del edificio»

La asociación en defensa del patrimonio Áncora insiste en una nota en que «si algo ha quedado demostrado estos años es que la trascendencia del Bellas Artes rebasa el mero ámbito local. Por eso no se explica que ahora pretendan reconducir su catalogación a nivel de planeamiento urbanístico, tolerando el derribo interior o incluso su total destrucción para reemplazarlo por otro edificio de apariencia análoga. La cuestión jurídica de fondo, que es la confrontación entre el interés general de la comunidad y el interés particular del propietario, no se resuelve degradando la catalogación del bien ni flexibilizando su normativa de protección. La verdadera respuesta legal consistirá en fijar el límite del deber de conservación que corresponde afrontar a la propiedad, determinando cuál es la responsabilidad económica imputable a la Sade y qué parte debe asumir la Administración en virtud de los valores de relevancia colectiva que es necesario preservar».

«Éste es el mandato judicial expresado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco», dice Áncora. «La consejería de Cultura viene obligada a dictar una nueva resolución para aclarar las consecuencias económicas derivadas de la decisión de protección que adoptó. El repentino acuerdo para privar al edificio de su condición de bien cultural sin una motivación congruente no constituye una opción jurídicamente admisible; tampoco lo sería suspender la reconstrucción de la cúpula. Corresponde a las instituciones continuar actuando con responsabilidad en la defensa del interés público e impedir la destrucción del cinematógrafo más antiguo del Estado».

Áncora insiste en que «la magistrada no revoca la calificación como bien cultural, solamente obliga al Gobierno Vasco a completarla con una nueva resolución, al objeto de incorporar la suficiente motivación técnica y económica de la decisión que adoptó».