El caso de Alberto Contador, que se lleva arrastrando desde hace un año y medio en el tiempo, se puede ver desde muchos apartados. Uno de ellos es el económico. El corredor no ha escatimado gastos en su defensa y se ha rodeado de un potente grupo de abogados en el que hay letrados de España, Suiza e Inglaterra, además de haber contratado a un buen número de expertos en distintas materias, así como detectives para que rastreasen distintas cuestiones que su defensa creía que eran importantes para el proceso.
Junto al pago de todas esas personas hay que unir los traslados a Suiza de los testigos que Alberto Contador buscó. Todo ese gasto ha corrido de su cuenta, con una cantidad que alcanza ya el millón de euros. Lo más curioso es que a Contador le ha costado dinero de su bolsillo el proceso, mientras que la UCI ha pagado con el dinero que recauda del ciclismo, sin ninguna implicación personal por parte de sus cargos, lo mismo que sucede con el AMA, que está financiada por a partes iguales entre el Comité Olímpico y los países que la sustentan.
Son datos reales, que cualquiera puede constatar. Contador ha tirado de sus ahorros, lógicamente, y la parte acusadora ha utilizado los recursos públicos de los que se financia. Por eso muchos procesos deportivo-legales se alargan en el tiempo, porque el dinero con el que se paga no sale del bolsillo de quienes inician la denuncia y siempre hay recursos para financiar los procesos.
