Anticipos a cuenta sin aval bancario

SAN SEBASTIÁN. DV. Urbancasa, ubicada en la calle Zubieta y actualmente cerrada, no es una Agencia de la Propiedad Inmobiliaria (API), según destaca Genaro Kortajarena presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria en Gipuzkoa. A este profesional le resulta difícil de entender que los compradores hayan dado anticipos a cuenta sin tener garantizado un aval bancario. «Desde 1968, la ley obliga a que en las promociones de nueva construcción exista un aval de este tipo», explica. «Este requisito quedó además recalcado por otra norma, la Ley de Organización de la Edificación de 1999. Las cantidades que se entregan a cuenta de la vivienda, antes de ser entregada, deben ser avaladas bancariamente».

El aval bancario garantiza que situaciones como la que están viviendo los afectados de Urbancasa, no se produzcan. Con este requisito, el dinero entregado, en lugar de ir directamente a la cuenta del constructor, va a una cuenta aval bancaria. «Si han dado dinero y no tienen dónde recuperarlo es que ese aval no ha existido». El promotor tiene la obligación de que sus contratos se ajusten a la legalidad. «Se ha producido un incumplimiento de la legalidad muy importante, porque en las viviendas de nueva construcción este asunto es básico».

Incumplir el requisito del aval bancario, ¿es algo que se da con frecuencia? «Al promotor no le interesa potenciar esta idea, porque supone un mayor control», explica Kortajarena. «No puede retirar del banco el dinero que desea. Sólo lo puede hacer bajo determinadas circunstancias. Y esta protección también es un coste. Si el comprador no lo exige, el promotor y el vendedor pueden 'hacerse los suecos'». Es cierto, sin embargo, que «cada vez los consumidores están más informados y exigen más y hay que pensar también que, cada vez los promotores son más responsables. El consumidor tiene derecho a exigir que sea así».

Una inmobiliaria como Urbancasa, que no es API, puede abrir un local de acuerdo a la ley. «Desde el año 2000 funciona la ley de la selva. Para poner un puesto de castañas en la calle necesitas permiso administrativo y para vender pisos, algo mucho más importante, en este momento hay libertad absoluta. La culpa es de una ley del PP, que reconocía derechos de los agentes de la propiedad inmobiliaria, pero que daba plena libertad a la apertura de este tipo de oficinas. Hay quien se dedica a esto sin un seguro de responsabilidad civil que ampare sus errores profesionales. Ahora se le está dando la vuelta. El Gobierno catalán ya ha regulado el tema y el Gobierno Vasco prevé hacerlo. Pero hoy hay libertad absoluta. Sin oficina y sólo con un móvil puedes dedicarte a esto».