Estas son las medidas clave del estado de alarma

Los ciudadanos solo podrán circular por las calles en los siguientes supuestos: a) para la adquisición de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad (prensa, estancos, equipos tecnológicos, animales de compañía, peluquerías, tintorerías u ópticas); b) asistir a centros de trabajo establecimientos sanitarios y sucursales bancarias, únicamente en casos de fuerza mayor; c) los movimientos, que deberán ser de forma individual, también están autorizados para atender a mayores y menores, personas con discapacidad o que sean especialmente vulnerables; d) se permite asimismo que las personas vuelvan a sus lugares de residencia; e) cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, pero que esté debidamente justificada.

La circulación de vehículos particulares por las vías de uso público sólo estará autorizada para los supuestos anteriores y para repostar combustible en las gasolineras y estaciones de servicio.

Podrán cerrarse carreteras o tramos concretos a la circulación por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. También podrán imponerse restricciones de acceso a determinados vehículos por los mismos motivos. Las decisiones para limitar la circulación dependerán del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De forma previa, el Gobierno informará a las administraciones autonómicas con competencias en tráfico.

El Ejecutivo podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública.

La prioridad serán los productos de primera necesidad para garantizar el abastecimiento a toda la población. Así, se permitirá la circulación de mercancías en todo el territorio nacional. Cuando resulte necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los alimentos. En este sentido, se podrá recurrir a la ayuda de las fuerzas de seguridad o el Ejército

Los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible.

Queda suspendida la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Se mantendrán de modo 'on line'.

Cerrados. Solo se pueden mantener los servicios a domicilio de restauración.

Todos los establecimientos salvo comercios de alimentación, farmacias, quioscos, estancos y gasolineras echarán la persiana mientras dure la crisis sanitaria. La orden tampoco afecta a comercios minoristas de alimentación (fruterías, pescaderías, panaderías...) y primera necesidad.Entre estos últimos se incluyen las peluquerías, lavanderías y tintorerías. También se abrirán las ópticas. De esta manera se persigue causar el menor perjuicio posible al pequeño comercio de manera que se atenúe su repercusión sobre la economía nacional.La permanencia de los usuraios en los establecimientos comerciales abiertos deberá ser la estrictamente necesaria, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.Se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

También cerrados. Se suspenden desfiles, fiestas populares y verbernas. Podrán abrir las iglesias y otros lugares de culto, siempre que cumplan la distancia entre personas de al menos un metro y otras medidas sanitarias.

Todas las autoridades civiles de las administraciones públicas, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares. Se le podrá imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando su adecuado funcionamiento. El ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.

Se determinará la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades sanitarias que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis.

Contribuirán a reforzar el sistema nacional de salud en todo el territorio, bajo las instrucciones y requerimientos del responsable de Sanidad.

Se asegurará el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios

Se podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica.

Se asegurará el abastecimiento alimentario a todos los comercios. El Gobierno ha pedido tranquilidad a los ciudadanos, al igual que las empresas, ya que garantiza los productos de consumo.

Cuando sea preciso, se abrirán corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de piensos y los mataderos.

Los operadores de transporte público de viajeros por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50% durante el tiempo que dure la situación de emergencia.

Los operadores de servicios de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte con el fin de mantenerlos desinfectados y protegidos. Deberán regirse por lar órdenes del Ministerio de Sanidad.

Los sistemas de billetes de venta online deberán incluir durante el proceso de venta un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. De este modo se trata de reducir al máximo los desplazamientos de personas dentro del territorio nacional para contener la propagación de la epidemia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo dijo ayer bien claro. Las medidas del estado de alarma son de «obligado cumplimiento y tendrán consecuencias».

Las restricciones tratan, sobre todo, de evitar el movimiento indiscriminado de los ciudadanos pero al mismo tiempo de salvaguardar los servicios básicos, rebajar la presión sobre el sistema sanitario derivada de la lucha contra la epidemia y conservar el funcionamiento de la industria en lo posible.

Las principales limitaciones se dirigen a impedir los desplazamientos de las personas salvo en casos imprescindibles. También se les conmina a permanecer en sus casas y mantener la denominada distancia social, clave para contener la epidemia. Quedan expresamente prohibidas las actividades de ocio.

Las fuerzas de seguridad tendrán un papel clave en el cumplimiento de las medidas especiales decretadas por el Ejecutivo. En total, está previsto un despliegue de unos 200.000 agentes entre policías nacionales, guardias civiles, y miembros de los cuerpos autonómicos y municipales.

Entre los objetivos de las fuerzas de seguridad figura hacer cumplir las restricciones de movimiento en las carreteras, así como evitar concentraciones y supervisar el cierre de los negocios a los que se prohíbe abrir durante la crisis.

Otras funciones consistirán en ejercer labores de escolta del transporte y garantizar el orden, por ejemplo, en los centros de alimentación, aparte de la vigilancia de las fronteras con el fin de que no se produzcan exportaciones o importaciones del coronavirus.

Toda la coordinación estará bajo el control del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.