El CES ve «restrictivas» las razones recogidas en el decreto para declarar deshabitado un piso

El decreto que regulará la imposición de un canon a las viviendas vacías en Euskadi tiene un nuevo horizonte de aprobación, antes del próximo verano. Pero en su tramitación, desde que se anunció hace dos años esta herramienta para movilizar los más de 30.000 pisos deshabitados -la mitad durante más de dos años-, ayer recibió algún reproche por parte del Consejo Económico y Social Vasco (CES), órgano consultivo cuyo dictamen, no obstante, no es vinculable.

El Departamento de Vivienda revisará su aportación. Y estudiará si considera o no los peros que el CES trasladó ayer en su dictamen a un proyecto que considera, no obstante, «adecuado» y «oportuno». El órgano consultivo cuestiona, por un lado, las causas que se consideran justificadas para mantener cerrada una vivienda durante más de dos años, el plazo que marca el proyecto para poder declarar una vivienda deshabitada y aplicar el canon de 10 euros el metro cuadrado o, en situaciones más excepcionales, obligar a su alquiler e incluso llegar a la expropiación forzosa del inmueble. «El listado de excepciones previsto es restrictivo», considera este organismo, que añade como ejemplos algunos supuestos que pueden conllevar el cierre de un piso y la imposibilidad de venderlo durante más de dos años como «herencias conflictivas o viviendas inmersas en procedimientos administrativos o judiciales». Y en los supuestos más extremos recomienda «perfeccionar notablemente el planteamiento y la redacción del capítulo» para extremar las garantías y evitar que se genere alarma social, dado que el alquiler forzoso o la expropiación «afecta a derechos fundamentales».

Relacionado con ese análisis, también rechaza, con mayor contundencia, la previsión de Vivienda de poder pedir a las comercializadoras los consumos del piso. «Es una intromisión en la esfera privada absolutamente innecesaria», tacha el CES, que además afea que el proyecto remitido por el Departamento no incluya una memoria económica para «valorar las implicaciones financieras de la norma, máxime cuando contempla un instrumento con capacidad recaudatoria como el canon extrafiscal».

Pese a estas consideraciones, el CES valora como «justificadas, si se diseña en términos razonables», medidas como esta para fomentar el alquiler de viviendas, además de los programas Bizigune, el de intermediación o las ayudas a la rehabilitación.