Las quejas al Ararteko obligan a corregir a la Administración en la mitad de casos

Tocar la puerta del Ararteko puede ser la solución cuando el ciudadano cree que ha sido víctima de un abuso o una mala práctica por parte de la administración pública. Con esa premisa, 7.781 personas acudieron el año pasado a las oficinas territoriales del Defensor del Pueblo Vasco a presentar una queja, de las cuales 2.627 motivaron la apertura de un expediente. En el 49% de los casos resueltos (2.081 en total), la Administración investigada fue invitada a corregir su actuación, puesto que se demostró incorrecta, un porcentaje ligeramente inferior al registrado en el anterior ejercicio, cuando se reveló que en el 53% de los casos el ciudadano tenía la razón. El pez grande no siempre se come al chico.

El Ararteko sigue teniendo un volumen ingente de trabajo a la vista de las 13.650 actuaciones realizadas a lo largo de 2019, si bien representan un descenso del 6% respecto al anterior ejercicio, principalmente debido al menor impacto de la crisis económica. Las quejas, en concreto, cayeron un 15%. Sin embargo, es probable que este año se invierta la tendencia por el impacto de la crisis del coronavirus, que tendrá su reflejo estadístico en el informe del próximo año.

A diferencia de otros ejercicios, los problemas relacionados con la actuación sanitaria motivaron el mayor número de quejas, si bien el incremento registrado se debe principalmente a las 484 recibidas por el cierre del módulo psicosocial del hospital vizcaíno de Cruces.

En cambio, descienden considerablemente las reclamaciones por la gestión de las ayudas sociales, en concreto por la actuación de Lanbide respecto a la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), al pasar de las 713 de 2018 a 468, un descenso paulatino desde el récord motivado por la crisis económica con más de 1.100 expedientes de queja. El Ararteko reconoce que Lanbide ha mejorado los tiempos de respuesta en la tramitación de expedientes, si bien considera que «sigue habiendo un margen de mejora», por ejemplo, «en la información a la ciudadanía sobre el contenido de las obligaciones que se asumen al ser titular de prestaciones, para que sea adecuada y comprensible».

También reprocha «la exigencia de documentación que no es indispensable o ya ha sido entregada y que siga existiendo un retraso apreciable con relación a los plazos de respuesta a las alegaciones y a los recursos».

Al igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco fue la administración contra la que más reclamaciones escritas se dirigieron en 2019 (un 53%). Aumentaron las referidas a actuaciones de los ayuntamientos (30%) y cerca del 10% afectaron a las diputaciones forales. En el caso de Gipuzkoa, la atención de los mayores durante la huelga de residencias –aplazada en pleno impacto del coronavirus– motivó un mayor número de quejas.

También se recibió un volumen notable de quejas referidas la huelga en la enseñanza concertada, que terminó por desconvocarse al alcanzarse un acuerdo entre las partes.

En la mayoría de los casos (80%), la conclusión del expediente fue suficiente para que la institución aludida admitiera el error y cambiara su actuación. En el 20% restante de casos, el Ararteko, representado por Manuel Lezertua, sí tuvo que tomar cartas en el asunto, en forma de recomendación –cuando se entiende que hay una irregularidad en sentido estricto– o una sugerencia –cuando, aun siendo legal la actuación administrativa, se requeriría otro tipo de respuesta para salvaguardar los derechos de la persona–.

Llegados a este punto, la administración no cede tan fácilmente y solo atendió al tirón de orejas en la mitad de las resoluciones o sugerencias. Hay que recordar que los dictámenes del Ararteko no tienen carácter vinculante, es decir, no son de obligado cumplimiento, si bien el Defensor del Pueblo Vasco muestra su «preocupación» ante la actitud que adoptan en ocasiones las administraciones, lo que supone no solo «una fractura en el reconocimiento de las funciones» otorgadas por el Parlamento Vasco, sino «una actitud desconsiderada» hacia la ciudadanía.