La oposición critica que el Ejecutivo reactive el mismo proyecto de reforma de la RGI que hace un año

El documento se admitirá a trámite con los votos de los socios de Gobierno, que aseguran tener «tendida la mano» al resto pese a contar con el respaldo del PP

Estrella Vallejo

SAN SEBASTIÁN.

Jueves, 27 de junio 2019, 09:45

Un nuevo capítulo de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) empezará a escribirse hoy tras la sesión plenaria que se celebrará en el Parlamento Vasco. Los partidos ya han puesto sus cartas sobre la mesa y se espera que la misma propuesta que lleva un año guardada en un cajón por falta de acuerdo político, mañana sea admitida a trámite.

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El PNV y el PSE, en minoría en la Cámara, votarán a favor en un nuevo intento de reactivar su proposición de ley. En esta ocasión, y a diferencia de lo que sucedió hace doce meses, será el PP el que propiciará que se avance en su tramitación, mientras que la formación morada y EH Bildu se mostrarán contrarios a su aprobación. Así lo adelantó ayer en rueda de prensa la parlamentaria de la coalición abertzale Nerea Kortajarena, quien considera «un error» el pacto con los populares, un partido al que se refirió como «derecha xenófoba» por los planteamientos con los que «vincula la RGI, con fraude y con una visión excluyente y racista».

REFORMA DE LA RGI

  • Renta para pensionistas con un máximo de 785 euros para un miembro de la unidad convivencial.

  • Una RGI por vivienda con excepciones Máximo 660 euros.

  • Indicador de Gastos Mínimos para establecer las cuantías.

  • Requisitos 23 años mínimo; estar empadronado dos o tres años antes, según el caso; demostrar actividad laboral remunerada durante al menos cinco años.

Desde EH Bildu manifestaron ayer que ninguno de los intentos de los últimos meses por tender puentes con el Ejecutivo para acordar una propuesta pactada han dado sus frutos, «y eso que rebajamos incluso las propuestas iniciales». Asimismo lamentan que «no ha habido manera de que el Gobierno admita ni una sola de las mejoras que hemos propuesto» y que, según comentó Kortajarena, van en la línea de lo que agentes sociales expusieron en la comisión creada de forma específica para este asunto, «ampliar los derechos y las coberturas, y mejorar la gestión, la credibilidad y el prestigio» de este subsidio.

En este sentido, fuentes jeltzales aclararon que «no existe» tal acuerdo entre el Ejecutivo y los populares y que el Gobierno Vasco tiene «tendida su mano a todos los grupos», con quienes esperan tener un «diálogo abierto», porque «cuanto más consenso se logre» en esta cuestión «mucho mejor será para todos», incidieron.

Fuentes populares, por su parte, ya indicaron hace unos días que pese a no compartir buena parte del contenido de la propuesta, posibilitarán que el proyecto continúe su procedimiento, y sea admitido a trámite, para poder presentar varias enmiendas que mejoren el texto normativo. Su objetivo, comentaron, es «reformar en profundidad» el sistema de garantía de ingresos.

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Entre las cuestiones que contempla el documento está que la persona solicitante sea mayor de 23 años o que la cuantía máxima de la RGI para un solo miembro de una unidad convivencial sea de 659,75 euros, cantidad que se iría incrementando en función de las personas a cargo del titular de la prestación, como menores, otros adultos, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, entre otros.

Diferencias de hasta 400 euros en las rentas mínimas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), presidido por José Luis Escrivá critica el carácter «completamente descentralizado» de la renta mínima en cada comunidad, que incorpora «dosis muy altas de fragmentación territorial a una red de protección ya de por sí muy diferenciada en sus cuantías y cobertura». Euskadi fue la primera en ponerla en marcha en 1989 y hoy todas cuentan con su propia prestación inspirada en el modelo francés, pero con cuantías e indicadores muy diferentes. Así, las tres comunidades donde más dinero recibieron sus beneficiarios en 2017 fueron País Vasco (726 euros), Navarra (707) y Cataluña (564), frente a los 300 euros de Ceuta y Murcia.

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