Movilizaciones mañana en recuerdo a las dos víctimas de Zaldibar

La jornada de movilizaciones comenzará en la localidad vizcaína de Zalla a las 12.45 horas y continuarán en Etxebarria, Elgeta, Markina-Xemein, Zaldibar, Eibar y Ermua, para que lo ocurrido el pasado 6 de febrero de 2020 no caiga en el olvido. Aquel día se desató el infierno en el vertedero de Zaldibar. El suelo comenzó a moverse y a las cuatro de la tarde, una gigantesca montaña de toneladas de escombros industriales, tierra y arboles se deslizó ladera abajo y se llevó consigo a dos trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

La búsqueda de los restos del operario desaparecido no ha cesado en todo este tiempo. En octubre se alcanzó la zona B1a, donde había sido visto por última vez por uno de sus compañeros y los miembros del operativo de rescate llegaron a creer que el final estaba cerca. Pero tras extraer y revisar cerca de 15.000 metros cúbicos de residuos, no encontraron resto alguno. Los trabajos se han desplazado a la zona denominada B4, cercana a la anterior. Y si estas labores no finalizan con éxito, se procederá entonces a rastrear las zonas B1b y B1c. Hasta el momento se han removido en el vertedero más de 400.000 metros cúbicos.

Y mientras continúan los trabajos, aumentan las protestas de vecinos y asociaciones, que reclaman «respuestas claras» y que «se depuren responsabilidades». Tampoco se detiene el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango, que a finales de enero admitió a los ayuntamientos de Eibar, Ermua, Elgeta y Zaldibar, la sociedad Interbiak, Ekologistak Martxan, otras dos asociaciones ambientalistas y los familiares de uno de los trabajadores fallecidos como acusación particular contra la empresa Verter Recycling 2000 y tres de sus responsables por presuntos delitos medioambientales. Además, se instruyen dos causas por posibles delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, y otra por delitos medioambientales.

Por otro lado, el Parlamento Vasco rechazó ayer una iniciativa de PP+Cs y Vox que pretendía instar al Gobierno autonómico a solicitar la intervención en Euskadi de la Unidad Militar de Emergencias (UME) «en todas aquellas situaciones en las que sea necesario», entre las que se cita el derrumbe que se produjo el año pasado en el vertedero de Zaldibar. El objetivo de la solicitud es garantizar que los ciudadanos vascos «dispongan de los mismos medios en estas situaciones que el resto de ciudadanos españoles».