Los obispos dicen que «nunca se ha hablado» de devolución de bienes con el Gobierno

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, salió este martes al paso de las informaciones que sostenían que la Iglesia ha acordado con el Gobierno devolver al Estado un millar de bienes que no le pertenecen para asegurar que este acuerdo nunca se ha producido. Argüello señaló que en la reunión que mantuvieron el lunes la máxima autoridad de los obispos españoles, Juan José Omella, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «nunca se habló de devolución».

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, también quiso aclarar que «no es que el Estado haya descubierto que la Iglesia había inmatriculado indebidamente mil propiedades» sino que la Iglesia «ha aclarado al Estado los errores existentes». «¡Manipulación mediática! No es que el Estado haya descubierto que la Iglesia había inmatriculado indebidamente mil propiedades sino que la Iglesia ha aclarado al Estado los errores existentes», escribió en Twitter.

Según la Conferencia Episcopal, lo que la Iglesia trasladó al Ejecutivo es que, en el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 se le han adjudicado erróneamente a la Iglesia bienes que no son suyos porque pertenecen a otras confesiones, como la judía y la evangélica, porque fueron vendidos o porque no les consta tener la titularidad de los mismos o incluso porque están bajo pantanos, como ocurre con la ermita de Nuestra Señora del Camino, que duerme bajo las aguas en el embalse navarro de Nagore.

Argüello afirmó que en muchos casos «había duplicados», en otros «faltaba información» y, además, se han detectado «algunos casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo pantanos y por eso no forman parte de la propiedad, ni de los ciudadanos ni de la Iglesia». «Estas incidencias se las hemos entregado al Gobierno y las hemos hecho públicas y el documento está colgado en la página web de la CEE», precisó. Muchos de estos bienes fueron vendidos en su día o son de titularidad municipal. En el caso de un templo parroquial en Sant Joan de Mollet (Girona), la respuesta de los obispos es: «No es de la diócesis, 'en caso de que exista'». Con los nueve bienes inmatriculados en Gipuzkoa no existe ningún problema ya que es clara su pertenencia a la Iglesia. «El Obispado no tiene que devolverlos», recalcaron fuentes de la Diócesis de San Sebastián que, insistieron en que los obispos no han acordado restituir un millar de bienes. «No es que los tengamos mal registrados, es que no devolvemos nada porque no es nuestro», aseguraron.

En total, la Iglesia ha encontrado unas 2.500 «incidencias» en el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados que el Gobierno publicó hace un año y entregó al Congreso. «Es más bien la Conferencia Episcopal Española que ha querido llamar la atención. De los casi 35.000 bienes que aparecen en el listado, nosotros los hemos ido revisando todos, uno por uno, los hemos distribuido por diócesis, y hemos descubierto que había incidencias en casi 2.500 de esas fincas inmatriculadas», señaló Argüello

La versión desde el Gobierno es diferente. La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, celebró ayer el «logro de la sociedad» que supone, a su juicio, que la Iglesia reconozca que inmatriculó bienes «de forma incorrecta», un comportamiento que, según dijo, «le honra» al facilitar que se puedan revertir estas inmatriculaciones.

En el listado elaborado por la CEE figuran solamente nueve bienes inmatriculados en Gipuzkoa y sobre cuya propiedad no existe duda alguna. Aunque no se detallan, estos bienes, cuya titularidad corresponde a la Iglesia, son dos iglesias de Donostia, las de San Sebastián Mártir y la parroquial situada en el camino de la Hípica; la ermita de Santiagomendi en Astigarraga, tres propiedades dependientes de la parroquia San Andrés en Mutriku, una vivienda en Berastegi, un local en Tolosa y otro solar en Bergara, según un documento elaborado por el Ejecutivo en febrero de 2021. Estas propiedades se suman a las 370 que ya había desde 1978, según datos facilitados en su día por el Parlamento Vasco.

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