Sin fondo

Totalán (Málaga) tiene un precedente similar en Pozomajano, una finca agrícola de las afueras de Albacete. En septiembre de 2015, un hombre de 66 años se precipitó hasta el fondo de un pozo de unos 60 metros de profundidad y apenas 47 centímetros de diámetro que no estaba ni visible ni tapado. Aunque lograron sacarle 15 horas después, un forense solo pudo certificar su muerte. «Fue un antes y un después en Albacete. Ahora, cuando ve un pozo abierto, la Guardia Fluvial (Confederación Hidrográfica del Júcar) manda precintar si no se puede regularizar», explica Francisco Gutiérrez, asesor jurídico de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRM).

Gutiérrez vivió aquel accidente de primera mano. Ocurrió en los dominios de su comunidad de regadío, la más grande de España y un modelo de gestión eficiente que todos los años recibe la visita de expertos y universitarios europeos y norteamericanos. Regulan 120.000 hectáreas de cultivo que se extienden por 10.500 kilómetros cuadrados. Y lo hacen en el río Júcar, el más trasvasado de España. «Valencia es la ciudad del Turia, pero sus habitantes beben de nuestro Júcar», recuerda el jurista.

La desgracia de Pozomajano dolió en un colectivo que lleva desde 1994 tratando de regular el estrés hídrico de su cauce, cada vez más seco por la explotación descontrolada. «Con los regantes nadie se atrevía. Nos dimos cuenta de que, o poníamos una ley de punto final y nosotros mismos nos organizábamos, o esto se iba al traste», resume Francisco Gutiérrez.

Hoy, el uso de la teledetección y una innovación constante les permite cumplir con un 98% de sus planes anuales de regadío. En los mapas de los ordenadores de su cuartel general en Albacete pueden detectar casi todas las perforaciones ilegales. «El sistema combina los consumos teóricos de los cultivos para lograr el gasto anual del acuífero, detectando así los incumplimientos», explica Xavi Durán, portavoz de la Agencia Catalana del Agua, que también ha estudiado este plan. Además, en la JCRM trabajan codo con codo con todas las administraciones competentes en su zona en la lucha contra la 'burbuja acuática', los cientos de miles de pozos sin control que convierten las fincas de la península en un queso gruyère.

Tras la desgracia del pequeño Julen Roselló en Totalán, Greenpeace ha recuperado su plataforma Fíltrala, en la que invita a los ciudadanos a denunciar los pozos ilegales de los que tengan constancia. Ayer mismo remitieron una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que convierta la batalla contra el furtivismo acuático en una prioridad. «Sabemos que hay miles de expedientes abiertos archivados en los cajones de toda España», advierte el responsable de Aguas de la organización ambientalista, Julio Barea.

Hay pocos datos oficiales, pero lo poco que se conoce demuestra que las dimensiones del problema parecen inabarcables. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona avanzó una cifra: los pozos sin control superan el medio millón. Después de una década de silencio, una nueva encuesta ministerial duplicó el asunto en 2017: más de un millón de agujeros en toda España. Y no dejan de crecer.

Fuentes de la sede central en Madrid del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil calculan que se localizan entre 20 y 30 pozos mensuales en cada provincia de España. Eso son 15.000 nuevos focos al año que añadir a la lista. «Con suerte, a la tercera parte les llegará una denuncia», admiten en la 'policía verde' del instituto armado. Pero es un dato demasiado optimista. En el periodo 2013-2017, apenas llegaron a los agentes rurales 1.146 denuncias, y solo se cerraron diez. «Una cifra irrisoria si se compara con las estimaciones disponibles», destacan sus portavoces.

«No es un problema de normas, ya que tenemos una magnífica Ley de Aguas que nos copian en Europa -lamenta el activista e hidrogeólogo Julio Barea-. Pero es políticamente incorrecto ir a cerrar pozos en la España que se deseca». Incorrecto y peligroso. Los agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (junto con la del Guadiana, la más afectada) aún recuerdan a los 200 agricultores del entorno de Doñana que les retuvieron y amenazaron de muerte durante dos horas en noviembre de 2014.

Los accidentes personales no son las únicas víctimas del pirateo de acuíferos. España, el país con más riesgo de sequía de Europa, se juega su futuro hídrico. La Fundación Fomento y Gestión del Agua (con expertos hidrogeólogos de centros públicos y privados) calcula que bajo el subsuelo español hay unos 400.000 hectómetros cúbicos de agua. Siete veces más que los que acumulan los 120 pantanos al aire libre al 100% de su capacidad.

El descontrol y abuso de tantos años provoca que «el 44% de las masas de aguas subterráneas estén en mal estado cuantitativo o químico», concluyen los informes oficiales del Instituto Geológico y Minero de España. Desde la dificultad de dar datos fiables, los geólogos estiman que, cada año, esos cientos de miles de pozos ilegales roban unos 3.600 hectómetros cúbicos. «Esta cantidad equivale a todo el agua que pueden almacenar los trece embalses de la cuenca catalana del Ebro», resume de forma gráfica Xavi Durán.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, más allá de los compromisos verbales presionados por desgracias como la de Julen, la lucha contra los pozos ilegales necesitaría «un verdadero compromiso colectivo de todas las administraciones». «En 25 años aún no sé quién es responsable de esto. Todos y nadie», argumenta Francisco Gutiérrez. Ayuntamientos (licencia de obras), gobiernos regionales (explotación) y el central (policía de aguas) comparten algún 'trozo' en la regulación.

El problema se agrava por lo que en el campo llaman «el pozo de los 7.000». La Ley de Aguas permite a un propietario excavar en su terreno y sacar agua sin licencia siempre que no supere los 7.000 metros cúbicos. Basta con comunicarlo; no hacen falta ni expediente ni proyecto. Detrás llega el 'pozo lunero'. «Se llaman así porque se hacen en una noche -explica Gutiérrez-. Viene un pocero con una rotopercutora (taladradora) y profundiza en busca de agua. ¿Quién vigila la ejecución? ¿Y las características del ancho?... Nadie».

Si la excavación tiene éxito y mana agua abundante, se piden papeles a posteriori. Si no, la mayoría de los huecos se abandonan. O se dejan abiertos para volver a intentarlo más adelante. «Deberían rellenarlo con hormigón y ponerle un tapón con chapa a presión, pero eso encarece la factura varios cientos de euros», aduce el dueño de una empresa de prospecciones que pide anonimato.

A pesar de esta realidad, en el campo español no apuestan por medidas radicales. «Se deberían buscar métodos para legalizar captaciones que no pusieran en riesgo un acuífero y cuyas extracciones fueran sostenibles», opina Durán. Sería el camino más directo para que el propio campo ponga coto a esta realidad.