Las familias de Kristau Eskola temen que la paz laboral solo dure un año y piden «estabilidad»

«Agradecemos el esfuerzo realizado por todas las partes», reza el comunicado emitido conjuntamente por las ampas de Fapae, Feguiapa, Fapacne y Bidelagun –representan alrededor del 30% de las familias del sistema educativo vasco–, «pero exigimos que se continúe en la mesa de negociación para buscar una solución estable con reivindicaciones realistas y con buena voluntad», añaden. Además, solicitan mecanismos que aseguren «la debida autonomía de los centros en la contratación de los docentes, garantizando así la continuidad de los puestos de trabajo». Según estas federaciones, «nuestros hijos e hijas han sido los grandes perjudicados en este conflicto, sin ser parte activa del mismo». Por eso quieren que se haga una reflexión sobre todo lo acontecido y que los responsables «tengan en consideración el impacto que todo esto tiene en el alumnado».

Fuentes presentes en las negociaciones de este lunes, que se prolongaron durante más de seis horas y media y acabaron de madrugada, manifestaron que fue una última reunión «con suspense, tensión y enfados varios», así como «una de las negociaciones más difíciles que se recuerdan».

Las claves del acuerdo que pone las bases para la renovación de un convenio que caducó en 2021 para los más de 9.000 trabajadores del sector contemplan la subida salarial del 16% para el periodo 2021-2024. Asimismo, con el objetivo de aliviar las cargas de trabajo, el texto recoge la reducción de jornada de 20 horas para el personal no docente titulado, el profesorado de primer ciclo de educación infantil y personal de apoyo educativo; de 25 horas para el personal de administración y servicios; y una reducción de 38 horas para los educadores infantiles. Se incluye también una hora complementaria para el trabajo propio a partir del curso 2025-26 y el procedimiento de regulación de desdobles y horas de compensación en la Formación Profesional.

Asimismo, otro de los temas que preocupa al sector es la caída de la natalidad en Euskadi. De hecho, desde 2012 la Educación Infantil ha perdido 20.000 alumnos. Pero no solo eso, la educación vasca también tiene el reto de paliar el ritmo de jubilaciones. Por eso, el documento suscrito recoge el blindaje del instrumento para la recolocación del personal, es decir, una especie de bolsa de trabajo común a todos los centros.

Desde ELA, Miren Zubizarreta, responsable en Educación, afirmó que la homologación salarial con la red pública no está en el acuerdo alcanzado porque el objetivo era vincular a la garantía del IPC la subida a todos los trabajadores y lo que pretendía la patronal «era que esa referencia del IPC se perdiese». Opinión similar mostraba UGT, que se congratulaba por recoger «mejoras muy importantes» para sus trabajadores, si bien lamentaba a su vez que se ha perdido «una gran oportunidad» para lograr dicha homologación con la pública, una reivindicación «histórica».

Por su parte, CC OO destacó la «demostración de fuerza, tesón y lucha» de los trabajadores de los centros, mientras Steilas consideró que el acuerdo «da respuesta» a sus «cuestiones clave». LAB no firmó el preacuerdo «porque se ha descartado la equiparación salarial» y anunció que consultará a sus bases para tomar la decisión definitiva. Valoró positivamente que el texto recoge las medidas de mantenimiento del empleo que la central acordó en el acuerdo laboral del 1 de junio e indicó que «hay avances en la reducción de las cargas de trabajo y en los procesos de recolocación, pero se rechaza la equiparación que estaba encima de la mesa, con incrementos del 18% y 20%».