Educación auditará desde el próximo curso a los colegios concertados para evitar «cuotas encubiertas»

Los centros concertados que reciban dinero público deberán acreditar cómo emplean esa financiación a través de auditorías, que serán las que garanticen que cumplen con los parámetros a los que se hayan comprometido para poder recibir esa ayuda económica. Así lo anunció este lunes en su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento Vasco el consejero Jokin Bildarratz, quien afirmó que «un centro privado que recibe dinero público deberá cumplir con los requisitos que se le pidan». Entre otros aspectos, Educación obligará a lared concertada a reservar plazas a alumnos «vulnerables» para evitar la segregación. Así, según Bildarratz se acabará con «toda práctica abierta o encubierta de cobro» a través de las cuotas.

Esta será una las primeras 43 medidas que se pondrán en marcha de cara a garantizar el desarrollo del pacto educativo suscrito en el Parlamento Vasco el pasado 7 de abril. Bildarratz aseguró que las primeras auditorías se prevé que se pongan en marcha «para el último cuatrimestre del 2022». Precisamente esa fecha es la primera de revisión del programa de refuerzo educativo Hedatze que Educación abrió la semana pasada a la red concertada y que permite, además de acogerse a la jornada continua, la realización de actividades extraescolares gratuitas. Ese control del dinero se irá poco a poco extendiendo a otros ámbitos subvencionados en los colegios concertados.

Para llevar a cabo las auditorías se desarrollará la normativa necesaria, para que los colegios que concierten con la administración «se sujeten a las auditorías que se estipulen y a las normas de transparencia contable que permitan asegurar el carácter finalista en el empleo del dinero público y la unificación de criterios, también auditables», dijo Bildarratz. Se creará una unidad administrativa que será la que determine las tareas de auditoria económica.

Ante la futura gratuidad del llamado servicio vasco de educación acordado en el pacto educativo, la primera acción del departamento será calcular el coste de una plaza escolar que según un informe interno de Educación se estima en 1.600 euros por alumno y curso. Además, los centros concertados adscritos a ese sistema público deberán garantizar la publificación de sus actividades y dar a conocer «en el BOPV al menos una vez al año las cantidades aprobadas y sus conceptos», todo ello, insistió el consejero, «en aras de garantizar la debida transparencia».

Los centros adscritos al servicio vasco de educación estarán formados por la red pública y aquellos concertados que se comprometan a trabajar para que «la escolarización del alumnado sea más heterogénea y en igualdad de condiciones, gratuita y de calidad», manifestó Bildarratz. «Con una visión a medio largo plazo de cara a asegurar una escolarización inclusiva a futuro y, del mismo modo, que dote de los recursos necesarios a los centros que prestan un servicio público de educación».

Bildarratz presentó a los miembros de la comisión de Educación el calendario de actuaciones para los próximos seis años que su departamento tiene previsto para poder cumplir lo acordado en el gran acuerdo político sellado en la cámara vasca el 7 de abril. En el cronograma que ha planteado incluye cuatro grandes áreas: planificación estratégica, gobernaza y participación, equidad y políticas de segregación, y transformación pedagógica.

Entre las prioridades que se marcan desde Educación está la aprobación de un plan estratégico para la escuela pública vasca con el que se promuevan acciones encaminadas a mejorar la calidad. No estará listo hasta el segundo trimestre de 2024 y con él buscarán aumentar el valor añadido de la red pública, consolidar las plantillas actuales, crear nuevas figuras educativas, la estabilidad y renovación del profesorado y la mejora de las infraestructuras. Vendrá acompañado de la creación del consejo de la escuela pública vasca que será el encargado de velar por la defensa de sus intereses.

Otro de los grandes retos de la educación vasca será hacer frente a la segregación. El departamento buscará sellar un acuerdo político en octubre del año que viene. Antes, se actualizará este próximo curso la normativa sobre planificación escolar y los centros deberán tener una reserva de plazas para el alumnado vulnerable de salida. La idea es ir «racionalizando la planificación por medio de una oferta ajustada a la demanda», para evitar sobreofertas.

Así la normativa de admisión se modificará, «compaginando la libre elección del centro con la cohesión y la escolarización equilibrada de los centros», apuntó el consejero. «Se han repensando los criterios de baremación», y anunció que fijará una «proporción máxima» de alumnado «vulnerable» por aula. El fin es conseguir que la escolarización de los estudiantes «sea más heterogénea y en igualdad de condiciones, gratuita y de calidad», apuntó.

Se renovará después del verano el sexenio sobre conciertos educativos. Debería estar ya acordado, es la norma que distribuye la cantidad de alumnos que corresponde a cada red educativa y. Además se prevé que las Haurreskolak sean en el curso 2023-24 gratuitas.

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