La empresa admite que conocía el riesgo en Zaldibar y no actuó

Un escrito que fue remitido a finales de julio al Juzgado de Instrucción nº1 de Durango, encargado del caso, y al que solo le queda ser ratificado en el Juzgado de lo Penal de Bilbao. En el mismo, los tres acusados reconocen ser autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores, por el que son condenados a un año de prisión, y de dos delitos de homicidio por imprudencia grave, por los que asumen dos penas de seis meses de cárcel. No obstante, las acusaciones y la Fiscalía detallan al juez que como parte del acuerdo no se oponen a que esa pena de prisión no sea ejecutada, por lo que los tres gestores del vertedero no irán a prisión por las muertes de los dos trabajadores.

El relato de hechos probados presentado por la Fiscalía y con el que los acusados han mostrado su conformidad desgrana qué ocurrió los días previos al derrumbe, en los que aparecieron importantes grietas que alertaron a los trabajadores, y cómo tras un análisis del terreno los gestores fueron advertidos del riesgo de que pudiera producirse algún incidente, y sin embargo decidieron no paralizar la actividad en el vertedero, poniendo así en riesgo la vida de los trabajadores.

Las primeras grietas. Tres días antes del derrumbe, el lunes 3 de febrero de 2020, explica la fiscal, varios trabajadores detectaron tres grietas en diferentes zonas del vertedero y se lo comunicaron a los responsables de Verter Recycling. Al día siguiente, los acusados conocieron más irregularidades: un escalón de una altura de 20 cm, un hundimiento leve, un agrietamiento del lodo de lixiviados y dos pequeñas grietas más. Ese mismo día se solicitó asistencia a la empresa Geyser HPC y sus técnicos recomendaron la realización de un control topográfico en el terreno «a fin de conocer el origen de las grietas».

Víspera del derrumbe. El miércoles 5 de febrero por la mañana técnicos de una empresa externa realizaron el estudio topográfico del terreno. Esa tarde, a las 20.00 horas, enviaron un email a Juan Etxeberria, adjuntando el resultado de los datos obtenidos. Así, se había observado que entre el 23 de enero y el 5 de febrero existía un aumento de la cota del vertedero «de entre 5 y 10 centímetros» y que entodos los hitos de control instalados en el mismo «se observaba un movimiento de unos 20 y 30 cm de media». Por tanto, se había producido «un desplazamiento de la masa de residuos».

El mail de advertencia. El mismo día del derrumbe, el jueves 6 de febrero de 2020 a las 09.33 horas de la mañana, Juan Etxeberria recibió un mail de un técnico de Geyser HPC que decía lo siguiente: «En un periodo aproximado de un mes ha habido un desplazamiento horizontal medio de 26 cm. Se trata de un desplazamiento anormal y no se puede descartar ningún escenario actualmente». El técnico recomendaba, «en vista de la magnitud del movimiento, paralizar los trabajos de excavación y no verter nuevos residuos que puedan generar más tensiones de las ya existentes». Y le emplazaba a mantener una reunión «cuanto antes con todos vosotros». Etxeberria puso en conocimiento de los otros dos acusados, copropietarios de Verter, el contenido de dicho mail, y decidieron celebrar una reunión al día siguiente.

Horas después, la tragedia. A pesar de «la magnitud de los resultados obtenidos» y de «las recomendaciones» de los técnicos, la fiscal señala, y así lo reconocen los tres acusados, que el día 6 de febrero a las 16.00 horas, el momento en el que se produjo el derrumbe, «no adoptaron decisión alguna que tuviera como objetivo paralizar, ni siquiera disminuir o ralentizar, la actividad ordinaria de vertido o valorización de residuos ni los trabajos constructivos que se estaban ejecutando». El Ministerio Público insiste en que los acusados «permitieron que toda la actividad del vertedero se mantuviera en sus términos habituales, con los operarios ejecutando sus tareas habituales».

Falta de seguridad. Además, y por ello les condenan por un delito contra la seguridad de los trabajadores, los gestores reconocen que, pese a que estaban «obligados a adoptar todas las medidas preventivas ante una situación de riesgo grave para la salud de los empleados, no habían llevado a cabo una evaluación de riesgo de sepultamiento de los trabajadores por derrumbamiento», que no habían planificado «medidas de emergencia a adoptar» en ese caso y que «no informaron a los trabajadores sobre la existencia de dicho riesgo».