Urbanismo estudia calificar como VPO nuevos pisos que se generen en edificios ya existentes

Los redactores del borrador, que aún no ha sido aprobado, consideran que la subdivisión de grandes pisos de más de 160 metros cuadrados –hay 2.137 censados en el municipio– permitiría crear alrededor de 2.000 nuevas viviendas sociales, en las que el precio de venta o alquiler estaría limitado por el propio Ayuntamiento. Para hacerlo posible, si esta propuesta sale adelante el consistorio podrá poner como condición a los interesados en la segregación que una de las viviendas resultantes sea destinada a VPO, aunque mantendría la titularidad privada.

La transformación de plantas bajas y locales comerciales en espacios habitables sería otra fuente de nueva vivienda protegida. Esta medida, que ya se aplica en Bilbao, favorecería la creación de hasta 1.000 pisos de protección pública. Los levantes de las edificaciones existentes hasta agotar el techo potencial del PGOU aportarían otras 100 VPO.

Por último, el borrador del avance del futuro planeamiento donostiarra hace referencia a las grandes actuaciones residenciales de nueva construcción –tras derribo– o de gran rehabilitación, parte de cuyo nuevo techo residencial se calificaría como protegido, tal y como sucede en Barcelona, donde este porcentaje alcanza el 30% para parcelas de más de 600 metros cuadrados de edificabilidad. Con esta fórmula podrían obtenerse hasta un total de 800 viviendas sociales.

Además de estas acciones, se plantea una quinta potencial medida consistente en intensificar el tejido residencial en determinadas parcelas vacías o infrautilizadas, con la condición de que se encuentren cerca de los ejes de transporte público y tengan –en el caso de las infraedificadas– más de 50 años de antigüedad. De esta forma se añadirían 500 viviendas protegidas a la suma.

El Pleno de Política General que se celebra hoy debatirá este asunto gracias a una propuesta de resolución de EH Bildu por la que se insta al gobierno municipal a utilizar todos los recursos legales a su alcance para mitigar el problema del acceso a la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los donostiarras. El portavoz de la coalición abertzale, Juan Karlos Izagirre, recordó ayer que la Ley de Vivienda aprobada en mayo por el Gobierno central establece que el 20% del total de viviendas construidas deben ser protegidas para 2043, objetivo «imposible de alcanzar desde el 4% actual si solo nos limitamos a edificar nuevas promociones». Por ello, aboga por abordar las nuevas vías que plantea el avance del PGOU modificando la calificación de los pisos que puedan surgir de las reformas en bloques particulares, ya sea por división, rehabilitación, levantes o adecuación de bajos y locales.

EH Bildu también urge a la aplicación de la Ley de Vivienda vasca de 2015 y a elaborar un censo oficial de casas vacías «sin más demora» para destinarlas «al alquiler», utilizando las herramientas que prevé para ello, entre ellas la creación de un canon especial.

Izagirre dijo confiar en que la corporación apoye su propuesta «de forma mayoritaria» y tendió la mano de su grupo para «colaborar en políticas que mejoren la vida de las personas».