Intervención paraliza el presupuesto hasta saber cómo se pagará el descuento de la Mugi

Según los cálculos de PNV-PSE, la decisión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) de extender la actual rebaja del 50% en el transporte público tendrá un impacto de entre ocho y diez millones en las arcas del consistorio. Ese gasto corriente extra debe cubrirse con ingreso corriente, advierte Intervención, lo que obliga al equipo de gobierno a buscar fórmulas para desbloquear el proceso.

Hay dos maneras de hacer frente a este gasto imprevisto que, además, ha provocado un enfrentamiento entre los partidos que forman la coalición donostiarra. La menos perjudicial para el día a día de la ciudad es aumentar los ingresos, para lo que se espera el pronunciamiento de otras instituciones sobre su aportación para mantener el descuento en la Mugi. Las miradas en Ijentea se dirigen principalmente hacia el Gobierno central, que ya asume un 30% de la rebaja hasta el próximo día 31.

Según el consejero vasco Iñaki Arriola, el Ministerio de Transportes se muestra ahora «muy receptivo» a atender las demandas de Euskadi y otras comunidades autónomas respecto a la idoneidad de prorrogar la aportación estatal como vehículo para facilitar a los gobiernos locales y regionales el mantenimiento de las tarifas reducidas a partir de enero. Sin embargo, todavía no hay un compromiso oficial al respecto o una certeza sobre la que poder avanzar en la elaboración del presupuesto municipal.

La otra solución para equiparar gastos e ingresos pasa por disminuir los primeros, una alternativa de la que el ejecutivo local no quiere ni oír hablar. El gasto corriente es el dinero que cuesta abrir la persiana del Ayuntamiento, es decir, el funcionamiento cotidiano de la ciudad. En este apartado se incluyen los salarios de los funcionarios y servicios públicos como limpieza, recogida de residuos, seguridad, iluminación o mantenimiento urbano, por citar los más esenciales. Recortar cualquiera de estas partidas tendría un efecto directo e inmediato en la calidad de los servicios prestados a los donostiarras.

Lo cierto es que el gobierno municipal tenía prácticamente cerrado su proyecto presupuestario e incluso había elegido dos posibles fechas para presentarlo ante los medios de comunicación: el lunes 12 o el miércoles 14. La idea era aprobarlo en la Junta de Gobierno Local del próximo martes, pero la advertencia de Intervención ha obligado a frenar estos planes. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que prorrogar el presupuesto de 2022 hasta que entre en vigor el nuevo, que no recibirá el visto bueno inicial del Pleno hasta el mes de febrero, en el mejor de los casos.

Aparte de entorpecer la tramitación de las cuentas municipales, la decisión de la ATTG de extender los descuentos en la tarjeta Mugi provocó la pasada semana un encontronazo entre nacionalistas y socialistas vascos, con cruces de acusaciones de alto voltaje como «deslealtad» o «irresponsabilidad». Las desavenencias estriban en que el PNV se ha mostrado reacio a prolongar las tarifas rebajadas si no hay financiación estatal, mientras el PSE ha apostado desde el principio por prorrogarlas en cualquier caso, asumiendo las instituciones vascas, si hiciera falta, todo el coste de la medida, que en Gipuzkoa se calcula en 24 millones de euros y en el conjunto de Euskadi, en 72 millones.