El Ayuntamiento pedirá hasta 2027 créditos por casi 100 millones para vivienda protegida

En concreto, en Igara se crearán 52 nuevos pisos de alquiler social, 95 en Illarra y 135 en el Infierno, además de 23 apartamentos dotacionales en este último ámbito y otros 15 en la calle Campanario de la Parte Vieja. En total, 320 viviendas que, junto a las resultantes de la operación cuarteles –donde se proyecta un barrio de nueva construcción con alrededor de 1.700 casas– contribuirán a aliviar la escasez y carestía de oferta en el mercado inmobiliario local.

El esfuerzo del consistorio se reflejará en un notable incremento de la deuda municipal, cuyas dos terceras partes corresponden ya a inversiones en vivienda pública. De hecho, el Ayuntamiento arrastra aún créditos, amortizaciones e intereses de antiguos desarrollos urbanísticos ejecutados desde 2004.

En estos veinte años, en Ijentea se han formalizado préstamos por casi 126 millones de euros para edificar más de 1.680 viviendas protegidas, todas ellas en régimen de alquiler. De esta cantidad, todavía restan por devolver a las entidades financieras algo menos de 64 millones.

Las promociones que mayor compromiso hipotecario exigieron fueron Txomin Enea en 2019 (16 millones de crédito, de los que solo se han devuelto 400.000 euros), Riberas de Loiola en 2007 (9 millones prestados, 3,4 millones por amortizar), Pagola en 2009 (dos promociones con 14,3 millones formalizados y 6 millones por pagar al banco) y los apartamentos para jóvenes y mayores de Marrutxipi (6,7 millones recibidos a crédito y 2,8 millones por devolver).

Además de estas cantidades, el consistorio debe 11,4 millones a los llamados habitacionistas de Etxegintza, personas que en su día invirtieron entre 60.000 y 70.000 euros en 220 pisos para mayores en Ategorrieta, Berio y Benta Berri con el compromiso por parte de la ciudad de recomprárselos a su fallecimiento al mismo precio más el IPC acumulado. Eran otros tiempos, cuando no existía el mandato legal –como sucede ahora– de adjudicar todas las viviendas públicas en régimen de alquiler. Una vez que recupera la propiedad, Etxegintza vuelve a ocupar estos apartamentos y cobra una mensualidad en función de la renta del inquilino. Así las cosas, la deuda global por inversiones en vivienda protegida asciende a 75,3 millones, cifra que se devuelve a razón de seis millones al años en concepto de amortizaciones y 1,5 millones por los intereses generados.

Con todo, la salud financiera del Ayuntamiento es buena, como demuestra la cuenta general de 2023 presentada la pasada semana. En la liquidación del ejercicio, el concejal de Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, explicaba que la deuda viva, es decir, pendiente de devolver a las entidades bancarias, representa un 33,86% de los ingresos ordinarios, por lo que es «muy inferior» al 70% considerado razonable por la UE.

En estos cálculos no se incluyen los 59,7 millones a recibir para la compra de los cuarteles de Loiola –ya licitados y cerca de ser contratados– ni los alrededor de 33 millones que se pedirán para el resto de promociones programadas hasta 2027. En realidad, estas exigirán de una inversión de 40,7 millones, pero tal y como está el mercado hipotecario, el Ayuntamiento aspira como máximo a obtener un 80% de esa cantidad.

Por entidades, Kutxabank es el principal acreedor en materia de inversiones en vivienda pública con 38 millones, seguido del Santander con 13 millones, Abanca con 6,2 millones, BBVA con 4,4 millones y Caixabank con poco más de 2 millones.