San Sebastián

Un nuevo barrio en Loiola donde ahora hay cuarteles

El Departamento municipal de Urbanismo lleva tiempo trabajando con el equipo de arquitectura Hoz Fontán para empezar a definir este espacio de 17,5 hectáreas, por el que el Ayuntamiento de San Sebastián pagará al Ministerio de Defensa 73,3 millones de euros. A partir del cambio de titularidad los militares tendrán 4 años para desalojar el ámbito, un tiempo que el Ayuntamiento se tomará para definir el planeamiento urbanístico, con el objetivo de que a finales de 2027 puedan entrar las excavadoras.

No todo se tirará abajo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó mediante sentencia a proteger los dos principales edificios militares pegados al río -Infanta María Teresa y Princesa Mercedes-, frente al barrio de Loiola, una decisión que, pese a ser recurrida ante el Supremo, el Ayuntamiento tiene ya asumida. Como el nuevo del barrio debe elevar su cota 2,5 metros para evitar inundaciones futuras -una exigencia de la Agencia Vasca del Agua (URA)-, los edificios a proteger se quedarán hundidos respecto al resto de edificos, con una planta baja inundable y, por tanto, no podrán ser utilizados como viviendas, sino para otros usos -equipamiento o terciario-.

Con el ánimo de no dilatar más de lo necesario los trabajos de conformación del nuevo ámbito, el Ayuntamiento lleva meses trabajando con arquitectos externos mientras se ultima el proceso de compraventa de los terrenos. «Somos conscientes de la importancia que tendrá la zona al conformar un ámbito plenamente conectado con Loiola, Txomin e Intxaurrondo, pero también vinculado con el río y con el parque de Ametzagaina», explicaba Goia a comienzo de año. «Queremos un barrio diferente, del siglo XXI», reiteraba el regidor, y para lograrlo han analizado procesos de transformación urbana como la Isla de Nantes, Burdeos o Rotterdam.

El resultado de este trabajo es un barrio estructurado por dos viales en forma de cruz, que serán las únicas calzadas del nuevo espacio residencial y que arrancarán de los dos nuevos puentes a implantar: el actual que da acceso a los cuarteles y que será sustituido por uno nuevo que reduzca los obstáculos hidráulicos (pilas) sobre el río, y otro que comunicará con Txomin -Espartxo tendrá una función secundaria-. También habrá una nueva pasarela peatonal que enlazará con Ciudad Jardín y que, mediante un funicular, comunicará con el paseo Otxoki (Intxaurrondo).

Este viario con forma de cruz será el principal y el único. No habrá más calzadas. Desde estas avenidas principales se accederá a los aparcamientos subterráneos de las viviendas. Los cuatro grandes áreas residenciales que produce la cruz serán «superficies donde solo se podrá circular a pie o en bicicleta, no habrá circulación de coches», puntualizó el alcalde.

Una prolongación de este viario conducirá hasta Intxaurrondo mediante un rodeo del parque de Ametzagaina, una extensa zona verde periurbana cuando se creó y que en el futuro se «integrará» en el nuevo barrio y formará una rótula con Txomin e Intxaurrondo. Se trata de hacer realidad el objetivo de una «ciudad amable» en la construcción desde cero del nuevo barrio, algo que se intenta a trancas y barrancas, con éxito variado, en la ciudad construida.

Es la primera vez que Donostia interviene en la margen derecha del río con un desarrollo de esta importancia y que seguirá la senda marcada en Txomin: habilitar un parque fluvial junto al río, inundable en momentos puntuales de crecida, pero disfrutable en el día a día como una zona de paseo, estancia y esparcimiento.

El proyecto abandona la tipología de edificios manzana, todos de la misma altura, para implementar un «urbanismo asimétrico» que dé lugar a espacios no homogéneos, más diversos entre sí y respecto a otros de la ciudad. Esto es difícil lograrlo únicamente desde la ordenación urbanística. Por eso será clave también el proceso de concesión de las promociones, para lo que el Ayuntamiento baraja organizar diferentes concursos.

Cuando se produzca la firma del acuerdo con el Ministerio de Defensa será el momento en el que se realizará el primer pago de 5 millones de euros. Seis meses después está previsto escriturar el traspaso y el abonar el resto hasta completar los 73.323.373,38 euros pactados.

Las 78 viviendas militares también se demolerán, pero sus 58 ocupantes serán realojados en el nuevo barrio. Lo que sí permanecerá sin derribar será la residencia militar, que ahora se procede administrativamente a segregarla del ámbito para que Defensa mantenga su titularidad y quede al margen de la compraventa. «Trabajamos para que en 4 años estemos en condiciones de iniciar el desarrollo». Con los importantes trabajos de urbanización que exigirá la operación no es previsible que los nuevos vecinos entren a sus casas antes de 2030.