Varios vecinos de Donostia hacen cola para un trámite en una oficina municipal. Postigo

El Ararteko emplaza al Ayuntamiento de Donostia a eliminar la obligatoriedad de la cita previa en trámites

Le aconseja que habilite el sistema de coger hora con antelación como opción voluntaria, después de recibir la queja de un ciudadano

Macarena Tejada

San Sebastián

Lunes, 13 de mayo 2024, 11:59

El defensor del pueblo vasco, Ararteko, recomienda al Ayuntamiento de Donostia que «elimine la obligatoriedad de la cita previa para cualquier trámite y habilite este ... sistema como opción voluntaria», después de recibir la queja de un ciudadano que tras preguntar al consistorio el motivo por el cual se impone este sistema para realizar actuaciones de manera presencial, recibió la respuesta de que se trata de una mecánica adecuada para prestar un mejor servicio público de atención ciudadana.

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El reclamante, en desacuerdo con la respuesta del Ayuntamiento, acudió al Ararteko y mostró su «disconformidad con la respuesta y esta defensoría preguntó a la Administración sobre los criterios organizativos, técnicos y la motivación jurídica utilizada para implantar la cita previa obligatoria y si efectivamente era necesaria para cualquier actuación o trámite». Así, la entidad local explicó que «el sistema de cita previa sí es obligatorio mayoritariamente, y flexible, porque siempre se atiende sin cita ante necesidades urgentes».

En la recomendación, el Ararteko cree que la «Administración no aportó los criterios técnicos, evaluados mediante indicadores y elementos objetivos como la opinión de la ciudadanía, que permitan conocer cuál es la contribución del sistema de cita previa obligatoria al interés general para realizar los trámites administrativos», por otro lado, destaca que «la ciudadanía no tiene el deber de motivar la urgencia para ser atendida por la administración de manera presencial».

En síntesis, el Ararteko considera que «no parece existir normativa habilitante que justifique la obligatoriedad de la cita previa y, por lo tanto, se trataría de una medida no sustentada en el interés general y contraria al derecho a una buena administración, el cual obliga a la Administración a motivar sus decisiones». Por los motivos citados, recomienda al consistorio que «elimine la cita previa obligatoria, y que, en su lugar, habilite el sistema como opción voluntaria».

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