Fue una casualidad, pero la coincidencia tiene su retranca. El presidente Sánchez anunció el restablecimiento del estado de alarma, prorrogado esta vez seis meses, el ... pasado 25 de octubre, día en el que el Estatuto de Gernika cumplía su 41º aniversario. Entre todas las eventualidades que ha soportado el autogobierno vasco -la más severa, el afán destructivo de ETA- y que podría tener que soportar, no figuraba el embate de la primera pandemia global. La sobrevenida devastación del Covid va ya para un año y su erosión final sobre el Estado de las Autonomías está por calibrar. Pero el desgaste de la piedra de la cohesión territorial en un momento tan crítico está ahí, bajo el gota a gota -y, a veces, en aluvión- de las divergencias entre el Ejecutivo Sánchez y los gobiernos de la España plural. Si el 'mando único' contra el virus no funcionó para aunar voluntades y gestiones, la cogobernanza empieza a resultar también fallida cuando el ciudadano ya no sabe a qué atenerse: si las vacunas hay que inyectarlas según van llegando y «al mayor ritmo», como sostiene el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, o si conviene guardar un retén -como objeta el lehendakari- para asegurar la obligada segunda dosis de las de Pfizer.
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El Covid está tensando de manera inédita la cohesión territorial, con Cataluña y la cita entre el lehendakari y Sánchez al fondo
La conflictividad entre el Estado y las autonomías alcanzó su apogeo bajo el mandato de Mariano Rajoy, en un pulso desconocido ante el Constitucional entre las pulsiones recentralizadoras y las centrífugas, con Cataluña en su expresión más rupturista. Pero lo que viene ocurriendo desde que irrumpió la pandemia y forzó la excepcionalidad del estado de alarma es otra cosa. Lo es, claro, por la gravedad del trance histórico, que está poniendo seriamente a prueba todos los recursos del Estado para responder a la emergencia sanitaria y socioeconómica. Pero lo es también porque la diatriba sobre cómo gestionar esta crisis rebasa el marco de los gobiernos liderados por fuerzas soberanistas -Euskadi, con el PNV al frente, y Cataluña bajo el matrimonio divorciado del independentismo- para extenderse a ámbitos territoriales arraigados en la unidad de España. Se dirá, con razón, que polemizan con Sánchez las comunidades en manos del PP, con el Madrid de Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. También, con igual razón, que sobre la controversia por el aplazamiento de las elecciones catalanas, justificado por el inquietante repunte del virus, planea un duelo de intereses partidistas. Pero no ha habido seguramente desde la Transición un test semejante sobre 'las cosas del comer' para la España compuesta. Y el insuficiente engrase contra el Covid entre el Estado soberano y las soberanías competenciales autonómicas empieza a resultar inoperante.
Es elocuente que la disputa por el toque de queda entre Castilla-León y el Gobierno enfile ya hacia los tribunales
Es elocuente que la disputa sobre el toque de queda enfile hacia los tribunales tras la rebelión del Ejecutivo de Castilla y León, que lo ha adelantado por su cuenta y riesgo, y el recurso subsiguiente del Gobierno. El entorno del lehendakari descarta que Euskadi vaya a emular el órdago castellano-leonés confiando en que el Ministerio de Sanidad acabará cediendo a la flexibilidad que se le reclama. Pero el choque sobre las vacunas entre Urkullu e Itxaso tiene un perfil singular con respecto a otras divergencias territoriales: sus partidos cogobiernan en Euskadi y ambos se sientan en el LABI que decide sobre las restricciones anti-Covid. Un campo de fricciones del que, de seguir así las cosas, no va poder sustraerse la cita anunciada y pendiente entre el lehendakari y el presidente Sánchez.
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