La campaña electoral de Madrid volvió ayer a vivir un nuevo sobresalto político después de las cartas amenazantes, con balas de Cetme incluidas, que se ' ... colaron' en sedes ministeriales y que iban destinadas al ex vicepresidente Pablo Iglesias, al ministro Grande-Marlaska y a la directora de la Guardia Civil. Aunque lo relevante sea la persecución de la autoría, es más que inquietante la fragilidad de la seguridad establecida en los ministerios afectados, que han detectado los envíos amenazantes casi en la mismísima puerta de los despachos de los destinatarios. # El titular de Interior, que ha tenido que rebajar su ardor mitinero y aclarar que lo de «organización criminal» no se refería al PP en su conjunto, deberá activar con urgencia una auditoría que depure y aclare qué está fallando en el sistema de seguridad de las dependencias del Gobierno para que misivas como la de ayer, con una navaja 'ensangrentada', pasara el pasado viernes el escáner del Ministerio de Comercio y Turismo. También el ministro de Interior deberá esclarecer la autoría de las primeras misivas amenazantes que han reventado la campaña tras la despreciable actitud de la candidata de Vox, que se negó a condenar esos hechos. Una inadmisible reacción política que recuerda, salvando las distancias, a la que no hace muchos años se vivía en Euskadi cuando ETA asesinaba a concejales, empresarios, ertzainas, policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, entre otros muchos, y la izquierda abertzale de aquellos años situaba estos trágicos hechos en una macabra derivada del entonces denominado conflicto político. Como aquellas cartas de chantaje y extorsión que ETA envió durante tantos años a 10.000 empresarios vascos para que pagaran un indecente 'impuesto revolucionario', mientras en paralelo una formación política miraba para otro lado sin condenar ni rechazar la utilización de la violencia. Hasta hoy.
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