Un sumario vivo en busca de la autoría intelectual del asesinato de Ordóñez

El sumario por el asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA, el 23 de enero de 1995, permanece vivo en busca de la autoría intelectual. La Audiencia Nacional reabrió la causa el 16 de enero de 2015, cuando estaba a punto de prescribir. Con su reapertura también se investiga la posible implicación de otras personas que, más allá de los tres autores del atentado, Xabier García Gaztelu, Valentín Lasarte y Juan Ramón Karasatorre, pudieran haber ordenado el atentado, apuntando principalmente a los integrantes de la dirección de la banda terrorista en aquellos momentos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó esta decisión a raíz de la denuncia presentada el 9 de enero de 2015 por Consuelo Oróñez contra Ignacio Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'; Xabier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', Julián Atxurra Egurola y Juan Luis Agirre Lete. «Jamás se puso cara a los que ordenaron el asesinato y a los que, en definitiva, tuvieron otro tipo de implicación», afirmó la hermana de Gregorio Ordóñez tras anunciarla reapertura en el discurso que ofreció tras la ofrenda floral en el cementerio de Polloe que se llevó a cabo con motivo del 20 aniversario del atentado.

Meses después de activarse la denuncia, el 10 de noviembre de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a los citados cinco dirigentes de ETA por el asesinato de Ordóñez. No fue hasta el 30 de mayo de 2020 cuando los denunciados comenzaron a declarar por esta causa. Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', que fue el jefe político de ETA, fue citado el 21 de diciembre de 2021 por la Audiencia Nacional a declarar como presunto responsable del asesinato de Ordóñez, por vídeoconferencia en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional «por su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar a don Gregorio Ordóñez Fenollar», según señala el auto.

'Mikel Antza' fue expulsado el 22 de enero de ese año de Francia después de cumplir quince de los veinte años de cárcel a los que había sido condenado como dirigente de ETA. Albisu Iriarte se acogió a su derecho a no declarar. En ETA «no había nada que la cúpula no controlara, impulsara o dirigiera». El auto señalaba que la banda terrorista se «asentaba» en «una jerarquía basada en una rígida disciplina». Con esa premisa el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal había ordenado a las fuerzas de seguridad varias diligencias para aclarar el papel de los jefes de la banda terrorista en el asesinato de Ordóñez.

El 21 de febrero de 2022, Ignacio Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', compareció en los también juzgados de San Sebastián citado por el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal acusado de ser presunto autor intelectual del asesinato del concejal del PP. Tras su declaración el juez le retiró el pasaporte al exjefe de ETA que acudió al Palacio de Justicia de Donostia pasando desapercibido a la entrada y a la salida.

El 24 de febrero de 2022, el juez Alejandro Abascal, que ya había interrogado a 'Iñaki de Rentería' y a 'Mikel Antza', ordenó a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con actas del «Zuba» en «fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez».

Lo último que se ha conocido del caso fue el 9 de mayo de 2023, cuando la Justicia declaró a dos exetarras por primera vez testigos protegidos por delatar a la cúpula. En el sumario por el asesinato de Ordóñez, ambos sostienen que los jefes terroristas eran los que autorizaban atentar contra víctimas no policiales o militares TP 2/2023 y TP 3/2023. Detrás de estas dos identificaciones judiciales se esconden los nombres de dos etarras que, por primera vez, se convierten en testigos protegidos en la Audiencia Nacional después de haber aportado pruebas clave para procesar a diversas cúpulas de la banda terrorista desde la década de los 80 hasta, al menos, 2001, en plena ofensiva tras la ruptura de la tregua bajo el Pacto de Lizarra. Las acusaciones que permitieron a ambos acceder a ese blindaje las efectuaron en el marco del sumario 3/95 de la Audiencia, reabierto para aclarar el papel de los jefes de la organización en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Los antiguos activistas protagonizaron las delaciones, en primer término, a principios de 2023 ante los agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil UCE-1. Los efectivos del instituto armado recopilaron su confesión en un informe («diligencias policiales 1/2023») que el 31 de marzo de ese año los exterroristas ratificaron ante el juez que investiga el asesinato de Ordóñez, Alejandro Abascal.