El Gobierno Vasco rechaza incluir a agentes en la ley de abusos policiales

La solicitud de los agentes se basa en que la ley no solo se refiere a violaciones de los derechos humanos cometidas por «personal funcionario», sino también por «particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada». Los policías solicitantes señalan que bajo este supuesto se encuentra el acoso que padecieron en Euskadi durante los años del plomo por parte de ETA y de su entorno. En consecuencia, consideran que pueden acogerse a la Ley 12/2016 de 'Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de los Derechos Humanos, en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999'.

El dictamen de la comisión de valoración admite «las posibles experiencias traumáticas vinculadas a la situación sociopolítica» que describen los agentes. Sin embargo, considera que no están amparadas por la Ley 12/2016 porque «no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado».

La reclamación de los agentes ha contado con el apoyo de la Asociación Pro Guardia Civil, entre otras entidades afines. La consejería de Beatriz Artolazabal no ha hecho público el número total de solicitudes recogidas, aunque algunas fuetes indican que rondan el millar, de las que unas trescientas corresponderían a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.