El Gobierno vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional discrepan sobre los terceros grados a presos de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Gobierno vasco mantienen diferencias de calado a la hora de interpretar las normas que rigen el acceso a esos terceros grados de los condenados por terrorismo. Sin embargo, ambas partes permanecen en un mutismo absoluto que evita que afloren esas discrepancias. Por eso resultó tan interesante ver este miércoles al fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, y al principal asesor penitenciario del Gobierno vasco, el juez Jaime Tapia, sentados a la misma mesa con motivo de las VIII Jornadas de la AVT.

Bautista no dudó en remarcar que existen «discrepancias jurídicas» pero que «no tienen que ver con la política» en la interpretación de los terceros grados de reclusos de ETA. El Gobierno vasco ha solicitado 32 progresiones de internos de la banda que estaban en segundo grado y 22 de ellas han sido recurridas por la Fiscalía. El juez ha confirmado 12 y ha tumbado 6 hasta la fecha. El resto está todavía en estudio o en periodo de recurso. ¿Por qué motivos? Esa es la gran pregunta y Bautista arrojó algo de luz. «El arrepentimiento y la petición expresa de perdón es un elemento indicativo de la asunción del delito. No podemos descafeinar el artículo 72.5 y que diga lo que no dice. El perdón, no tanto la palabra sino el concepto, es importante», recalcó. El fiscal de Vigilancia Penitenciaria bajó a los casos concretos que analiza a diario y explicó que algunos reclusos etarras «reconocen el daño causado a sus víctimas pero no les piden perdón».

El juez Jaime Tapia recogió el testigo y valoró que estos reclusos están presentando «escritos manuscritos, no estereotipados, más completos que antes». También insistió en que «todos los casos que progresan cuentan con el apoyo de las juntas de tratamiento de las cárceles, aunque pueda haber algún voto discrepante». «Consideramos que en ellos hay una situación análoga a la petición de perdón», explicó Tapia. «Es mejor un pesar genuino que un perdón fingido», opinó.

La pregunta que surge a cualquiera, once años después del final del terrorismo, es por qué resulta tan difícil emplear esa palabra. Bautista explicó que «el obstáculo lo pone quien pide a los internos que no den un paso, quien les dice que no es necesario porque hay otra vía». Y llegó a concretar que esa imposibilidad de los reclusos se debe «al muro de una organización que impone sus directrices», en alusión al EPPK, el colectivo oficial de presos de ETA.

Bautista y Tapia insistieron en circunscribir sus diferencias al ámbito «jurídico y no político» y dieron muestras de mantener una relación fluida. También se comprometieron a abordar «las diferencias» de forma «constructiva».

Maite Araluce, presidenta de la AVT, abrió las VIII Jornadas sobre terrorismo de la AVT y declaró que «es necesario el relato de las víctimas para deslegitimar el terrorismo». Araluce se mostró preocupada porque «estamos en un momento en que parece que importan más los derechos de los asesinos que las víctimas». «Queda la sensación de que han ganado y tenemos que soportar que se blanquee la historia».«Somos la asociación más antigua del mundo y la que tiene más asociados y seguimos siendo muy necesarios porque un falso relato sólo sirve para legitimar la violencia», defendió Araluce. La presidenta de la AVT pidió «esclarecer todos los atentados terroristas y que los asesinos cumplan íntegramente sus condenas». «No creemos en reinserciones interesadas que posibilitan que salgan de prisión antes. No hay arrepentimiento sin colaboración con la Justicia y pedimos que sea un requisito de los terceros grados», añadió.

La parte más emotiva de la mesa fue el relato de José Motos, que recordó el asesinato de su padre en 1980 a manos de ETA y la experiencia de Albino Machado, que resultó herido en un atentado de la banda en San Sebastián en 1996.

La abogada especialista en terrorismo Carmen Ladrón de Guevara destacó, en relación a esa colaboración, que «no se les pide a los etarras que señalen a otros sino que reconozcan lo que hicieron ellos. Si los delitos están prescritos, como suele suceder, no cumplirían un día más y si han llegado el límite máximo, menos todavía. Pero se sabría la verdad».

El viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno vasco José Antonio, Rodríguez Ranz, defendió que «hemos avanzado en el reconocimiento social y moral de las víctimas del terrorismo». Admitió que «nos falta las justicia y la verdad, una justicia sin atajos y una verdad sanadora. Tenéis derecho a saber». «Mientras haya un sólo vasco que justifique la violencia, tenemos camino por recorrer».

«Esta es la casa de las víctimas del terrorismo y de todos los demócratas», celebró Raúl López Romo, historiador y responsable de exposiciones del Centro Memorial, que reivindicó «el valor de poner rostro y nombre a cada una de las víctimas». Miguel Folguera criticó la ausencia del Gobierno central en el acto y criticó que «nos dijeron que nunca iba a haber acercamientos de etarras con delitos de sangre al País Vasco». Dos periodistas de EL CORREO y la COPE participaron en la última mesa, donde explicaron la forma en que trabajan cuando entrevistan a las víctimas y el papel fundamental de preservar sus testimonios.

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