El previsible acuerdo del IMV abre la puerta al desbloqueo de las transferencias pendientes

«El acuerdo está más cerca, pero todavía hay que blindar determinados aspectos para que su vigencia no esté en cuestión y su financiación esté basada en el sistema del Cupo», afirmó ante una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena en el pleno de control de la Cámara.

La reunión de esta ponencia técnica es el paso previo para trabajar el traspaso operativo en la Comisión Mixta de Transferencias. Pero también puede convertirse en la llave que abra la puerta al desbloqueo de las transferencias del Estatuto que siguen pendientes, y que fueron en su momento recogidas en un compromiso expreso por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuya dilación ha llevado a Urkullu a denunciar en los últimos meses el incumplimiento del mismo.

Tras el acuerdo sobre el soterramiento de las estaciones del Tren de Alta Velocidad en Vitoria y en Bilbao y el previsible cierre del traspaso del IMV -ambos, con sus respectivos matices, recogidos en el acuerdo entre el Gobierno central y el PNV para los Presupuestos de 2022- la batalla se centra ahora por completar el Estatuto y, como última fase, abrir el debate sobre el espinoso traspaso del régimen económico de la Seguridad Social.

Desde el Gobierno central, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo de coalición, Isabel Rodríguez, ha insistido en las últimas semanas en ofrecer un perfil conciliador y apaciguador del gabinete central al destacar que su hoja de ruta pasa por una estrategia compartida para avanzar en el autogobierno constitucional en un marco de cooperación, cogobernanza y lealtad institucional.

En octubre de 2020, el Gobierno de Sánchez actualizó una treintena de traspasos que, en su primera configuración, dividía las transferencias en cuatro bloques y contemplaba completarlas con la apertura de un debate sobre la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y comenzaba por el traspaso de Instituciones Penitenciarias.

Ambas transferencias encierran un elevado voltaje simbólico y político, sobre todo si se tiene en cuenta que los partidos de centro-derecha no nacionalista censuran que el Ejecutivo de Sánchez esconda tras esta negociación una apuesta tácita por realizar cesiones a la presión de los partidos soberanistas. La crisis de la pandemia en los últimos dos años y las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo han retrasado todos los plazos.

El anuncio de la consejera Garamendi se encuadraba este viernes en una coyuntura política apuntada por el propio lehendakari Urkullu en su intervención parlamentaria, centrada en la recuperación económica, sanitaria, social y emocional del País Vasco, después de la última sexta ola de la pandemia, con los esfuerzos dirigidos a la «reconstrucción» después de «resistir», con una apuesta por asumir un proceso de transformación digital y energética del sistema productivo vasco, con el telón de fondo próximo de una potente inyección de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea.

El lehendakari ubica este proyecto de 'recuperación' en el marco de una apuesta por luchar contra las «nuevas desigualdades» y por trabajar abiertamente por la cohesión social y el crecimiento económico con políticas integrales de juventud dirigidas en materia de vivienda y de empleo, así como por la «protección social» de los sectores «más desfavorecidos».

El pronunciamiento de Urkullu tuvo lugar en un pleno que evidenció una mayor distensión dialéctica con EH Bildu. Su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, tendió la mano al Ejecutivo para abordar la «recuperación», aunque pidió una mayor autocrítica, por ejemplo en Osakidetza. Urkullu también exhibió un tono templado. El último pacto presupuestario y el preacuerdo entre el PNV, el PSE y EH Bildu alrededor del modelo educativo suavizaron la discusión.

El debate reflejó, no obstante, otros flancos de oposición al Gobierno Vasco. En una pregunta dirigida al consejero de Seguridad, la parlamentaria de Vox, Amaya Martínez, denunció la pasividad del Ejecutivo autónomo en la exaltación de ETA en las calles de Euskadi, «una simbología hiriente y humillante para las víctimas», según apreció. Erkoreka subrayó que la labor del Gobierno Vasco tiene «una hoja de ruta en la construcción colectiva de la convivencia». Confirmó que esta escenografía «está disminuyendo ostensiblemente» y resaltó que la Ertzaintza diferencia entre los «mensajes delictivos» de los que son reivindicativos. «Pedir la amnistía podrá gustar o no, pero no es delito», dijo.