El Gobierno ultima el acercamiento de siete presos de ETA que faltan para finiquitar la dispersión

En la actualidad quedan siete reclusos que no han sido acercados a las prisiones de Euskadi y de Navarra. Se trata de Sebas Gurtubai Sánchez, que permanece en la prisión zaragozana de Daroca; Asier Borrero Toribio, que permanece en la cárcel de El Dueso, en Santoña; Gregorio Escudero Balerdi, en el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia; Garikoitz Etxeberria, que se encuentra en la misma prisión castellanoleonesa, aunque no pertenece al colectivo oficial de presos EPPK; Irantzu Gallastegi Sodupe, 'Amaia', en Estremera; y Jaione Jauregi Espina, 'Pepona', en Alcalá Meco, estas dos últimas están internas en la Comunidad de Madrid.

Siete reclusos de la banda terrorista cuyos traslados abordará en breve Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska; un movimiento que, en cuanto se materialice, supondrá un punto de inflexión que dará por acabada la dispersión que durante tantos años han reclamado Sare o Etxerat. Asociaciones en defensa de los presos de ETA que, a falta del traslado de estos últimos siete presos, ya asumieron -incluso antes de celebrar la manifestación de enero por las calles de Bilbao- la finalización de esta política de alejamiento que tan duramente critica la derecha y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo por considerar que la decisión impulsada desde el Gobierno central, ejecutada de manera paulatina y con determinación desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, es una especie de «cesión al chantaje» de la banda terrorista.

Además, el pasado 3 de febrero el Ministerio del Interior dio luz verde al acercamiento de otros siete presos de ETA a cárceles vascas y navarras, aunque aún no se han llevado a cabo. En concreto, autorizó los traslados de Dolores López Resina, Mikel San Sebastián Gaztelumendi, Luis Mariñelarena Garciandía, Óscar Barreras Díaz, Aitor Cotano Sinde, Jon Kepa Preciado Izarra y Jon Mirena San Pedro Blanco. Así, con este nuevo movimiento, tan sólo siete reclusos de ETA permanecen en centros penitenciarios fuera de Euskadi y Navarra. En el País Vasco, concretamente, permanecen internos 146 presos de la banda terrorista sobre un total 1.616 reclusos internos en las tres cárceles vascas, lo que supone tan solo un 9,03% de la población penitenciaria total. De esos 146 presos, 39 permanecen internos en la prisión guipuzcoana de Martutene; 29 están en el centro penitenciario de Basauri (Bizkaia); y 78 en la cárcel de Zaballa (Álava), según datos facilitados por el Gobierno Vasco. Y, según Etxerat, hay 8 presos de ETA en la cárcel de Pamplona.

De los 7 presos que faltan por trasladar, está Sebas Gurtubai, condenado a 20 años por tentativa de asesinato tras el ataque a dos ertzainas en 2001. También se encuentra Faustino Marcos, condenado a 13 años por intentar montar un laboratorio de explosivos en 2009. Asier Borrero, por su parte, está acusado de un delito de estragos por la explosión de un artefacto en la sede del PSE en Balmaseda en la Nochebuena de 2007, además, fue procesado por formar parte del comando Bizkaia que intentó asesinar a Marlaska.

Gregorio Escudero, interno en Palencia, fue condenado a 25 años como cooperador necesario en el asesinato del concejal del PSE de Orio Juan Priede; y a 42 años por facilitar información para acabar con la vida del edil del PP de Zarautz José Ignacio Iruretagoiena. Sobre Garikoitz Etxeberria pesa una condena de 27 años por pertenencia a organización terrorista y por los delitos de transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, falsificación de placas de matrícula y de documentos oficiales y de tenencia ilícita de armas.

Irantzu Gallastegi, interna en Estremera, fue condenada a 50 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Además, participó en los atentados de Fernando Múgica y Francisco Javier Gómez Elósegui. En septiembre de 2022, la Audiencia Nacional acordó sentarle en el banquillo por el asesinato del concejal del PP en Errenteria Manuel Zamarreño. Por último, Jaione Jauregi, del comando Bizkaia, estuvo prófuga de la justicia española durante casi cuatro décadas, hasta que en 2020 fue extraditada desde Bélgica. Se le acusa de estar implicada en el atentado que en 1981 acabó con la vida de Ramón Romeo Rotaeche.