Escrivá tensa la cuerda con el PNV al plantear ahora un traspaso provisional del Ingreso Mínimo Vital

¿La razón? Que el Gobierno central acepta la línea roja que el PNV había trazado -que la transferencia llegue «íntegra» a Euskadi y no como una mera encomienda de gestión de las prestaciones- pero añade una condición tan a priori creativa como inesperada y pone límites temporales al traspaso, que sería provisional y con fecha de caducidad y no definitivo. Así lo han confirmado a este periódico distintas fuentes del Gobierno vasco y de los departamentos implicados, que en ningún caso aceptarán el planteamiento del titular de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social de hacerse cargo del IMV por un tiempo limitado.

Con esa oferta, Escrivá no solo demuestra su resistencia a 'soltar' un traspaso que ve como un riesgo para la unidad de caja del sistema, sino que vuelve a soliviantar al PNV en pleno tira y afloja de Moncloa con sus socios para sacar adelante la reforma laboral. Y de paso, enfada también al PSE, al frente de la consejería de Trabajo y Empleo. El departamento de Idoia Mendia es el responsable de Lanbide, encargado de gestionar y abonar el Ingreso Mínimo, que se complementará en algunos casos con la RGI vasca, hasta alcanzar la cuantía que los perceptores vascos recibían hasta ahora. El equipo de la vicelehendakari trabaja junto con el de la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi -que hizo pública una nota al recibir la documMentación la semana pasada en la que advertía de que no se dejará colar «mercancía averiada»-, en una nueva contraoferta que enviar a Madrid. «La transferencia debe ser definitiva, irreversible», avisan.

El embrollo tiene importantes derivadas, no solo porque resucita el tira y afloja del PNV con Escrivá, que se había convertido en la 'bestia negra' de los jeltzales en el Gobierno de Pedro Sánchez y que parecía aplacado gracias a la orden política del presidente de allanar el camino a los Presupuestos Generales, aprobados a finales del año pasado. También porque revela el complejísimo encaje de bolillos que requerirá un traspaso que Sabin Etxea saboreó en su momento como una gran victoria política tras meses de retrasos acumulados.

La resistencia de Escrivá venía entonces por la adscripción del IMV a la Seguridad Social, un tema tabú para los sucesivos Gobiernos centrales. La percha formal a la que ambas partes se agarraron para salvar ese escollo fue la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto, que prevé que el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se hará a través de los «oportunos convenios» que pueda establecer la Comisión Mixta de Transferencias, siempre preservando el «carácter unitario» del sistema y el «respeto al principio de solidaridad». Una cuestión que va en línea con la sentencia del Constitucional que dejó sentado que el acceso a la prestación debía ser «igualitaria» en todo el Estado, y que Euskadi y Navarra dijeron poder salvar gracias a su especificidad foral.

Sea como sea, Escrivá se ha agarrado a la literalidad y plantea, efectivamente, no una transferencia al uso, sino un convenio que, como tal, se guía por sus propias reglas y por el período tasado de aplicación. Las fuentes consultadas en el Gobierno vasco no contemplan la posibilidad de que el entuerto, que achacan a cierto centralismo «jacobino» y a la resistencia ministerial a dejar de gestionar prestaciones sociales, no se resuelva. Ya lo avisó Aitor Esteban en una entrevista en EL CORREO: el IMV es «un tema estatutario muy serio» que podría haber «roto» la relación entre Sánchez y el PNV.