Un acuerdo entre PSOE y Junts que bordeó el precipicio
Investidura. Las negociaciones abiertas entre el PSOE y Junts estuvieron cerca del fracaso. El precedente de 2017, cuando Puigdemont rompió la baraja, fue una sombra constante
Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero tampoco era previsible que la negociación entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez corriera el riesgo de precipitarse por un barranco. El incombustible optimismo del presidente en funciones invitaba a esperar un desenlace feliz para sus intereses, pero lo cierto es que la negociación estuvo a punto de fracasar en un par de ocasiones, un descarrilamiento que hubiera abocado al país a unas nuevas elecciones el 14 de enero.
La dificultad del camino a recorrer quedó clara desde muy pronto. Carles Puigdemont en una conferencia celebrada en Bruselas el 5 de septiembre desveló el precio de los siete votos de su partido. El líder de Junts exigió el abandono de la vía judicial a través de una ley de amnistía. También el respeto a la «legitimidad democrática del independentismo» y la creación de un mecanismo de mediación internacional.
A partir de ese momento arrancaron 55 días de intensos contactos entre Junts y el PSOE que desembocaron en la famosa foto realizada el 30 de octubre en la sede del Parlamento europeo en Bruselas, en la que se retrataron Carles Puigdemont, Jordi Turull y Santos Cerdán. En ese momento parecía que el acuerdo era un hecho. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque quedaban obstáculos que salvar.
Tras el encuentro del 30 de octubre, el objetivo del PSOE era presentar el 2 de noviembre los pactos alcanzados con los dos partidos nacionalistas catalanes. En el caso de ERC el plan se cumplió y ese día hubo foto y estrechamiento de manos entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras.
Sin embargo, esta escenografía no fue posible repetirla con Puigdemont. El expresidente de la Generalitat mandó parar las máquinas y dejaba claro que la agenda la marcaba él. En el fondo radicaba el deseo de Junts de marcar distancia con ERC, su principal competidor en Cataluña. Los de Junqueras habían conseguido arrancar el jueves anterior la ley de amnistía, la transferencia de Rodalies y la convocación de 15.000 millones de deuda. Es decir, estaban en disposición de presentar unas alforjas llenas frente a los junteros que, más allá de mostrar músculo, no habían conseguido nada que 'vender' a su electorado.
El volantazo dado por Puigdemont puso los pelos como escarpias a todo el abanico político. Lo imprevisible de sus reacciones recordó los hechos acontecidos hacía seis años. Puigdemont convocó el 27 de octubre de 2017 una rueda de prensa en la que supuestamente iba a anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas, en línea con la petición de Íñigo Urkullu. Sin embargo, la presión del independentismo y la frase letal de Gabriel Rufián (ERC), «155 monedas de plata», provocaron el giro que llevó a Puigdemont a aprobar en el Parlament la Declaración Unilateral de Independencia y a huir de España.
Entra en liza García Castellón
El precedente era alarmante, pero finalmente el tren no descarriló. Puigdemont metió la cuchara en la redacción de la ley de amnistía y, esta vez sí, todo indicaba que el lunes 6 de noviembre se iba a registrar la norma, despejando definitivamente el acuerdo entre Junts y el PSOE. Sin embargo, a las 14.19 horas saltó una noticia de enorme trascendencia: el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputaba por terrorismo al expresidente. Este hecho podía dar al traste con la negociación, con todo lo que ello implicaba: no investidura de Sánchez, repetición de las elecciones y un resultado que podía llevar a Núñez Feijóo a la Moncloa apoyado por Vox. El escenario de 2017, es decir, de que Puigdemont se echara al monte volvía a aparecer.
Sin embargo, no fue así. Junts optó por revisar la ley de amnistía para taponar cualquier resquicio que permitiera a los jueces desactivarla o que tuviera efectos indeseados, como ocurrió con la ley de 'solo sí es sí'. En consecuencia, el auto que podía haber abortado la norma sirvió para reforzarla porque ambas partes se dieron cuenta de que la ofensiva judicial iba a ser fuerte. Puigdemont, además, consiguió que se incluyera en los supuestos a amnistiar casos que también beneficiarían a estrechos colaboradores suyos, aunque no estuvieran directamente relacionados con el procés.
El tramo final para cerrar el acuerdo fue intensísimo. El 9 de noviembre, tres días después de la imputación por terrorismo, se cerraba el pacto. Todos eran conscientes de que se encontraban al filo del precipicio y que cualquier nuevo imprevisto –las calles ardían en protestas y buena parte de la judicatura estaba indignada– podía hacer descarrilar todo el proceso. Buena prueba de este sprint fue que el apretón de manos entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y su homólogo en Junts, Jordi Turull, se produjo a las tres y media de la mañana del pasado jueves, casi exhaustos, pero con el objetivo cumplido.
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