El PSE avala la ley de víctimas policiales, pero cree preciso pactarla con Madrid

El PSE considera una «mala noticia» el recurso a la ley de víctimas policiales que el Gobierno de Rajoy ha presentado ante el Tribunal Constitucional porque «retrasa un reconocimiento que es necesario» y «no tiene justificación» desde el punto de vista jurídico. La valoración por parte del Gobierno Vasco de la reclamación, de la que aseguraron no tener aún constancia oficial, se conocerá hoy durante la rueda de prensa que ofrecerá el secretario general de Memoria y Convivencia, Jonan Fernández. Lo que sí avanzaron fuentes del Ejecutivo fue que defenderán la ley «hasta el final». Del mismo modo, subrayaron que se trata de una norma que cuenta con el respaldo del Parlamento Vasco.

Fuentes del partido que lidera Idoia Mendia volvieron a defender la denominada ley vasca de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política en la CAV entre 1978 y 1999», que fue aprobada por el Parlamento Vasco en julio de 2016 con los votos favorables del PNV y el PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo de PP y UPyD. Los socialistas abogaron, además, por hacer lo posible para alcanzar un acuerdo con el Gobierno español.

El PSE asegura que las vulneraciones de derechos humanos, «que se han producido con la excusa de la existencia de ETA, necesitan una reparación», del mismo modo que la entonces consejera de Justicia del PSE, Idoia Mendia, consiguió hacer con el primer decreto de víctimas policiales cuando su partido gobernaba en Euskadi y se alcanzó un acuerdo entre los grupos y con el Ejecutivo de España. Fuentes socialistas indicaron ayer que no les parece correcta la decisión del gabinete de Rajoy y que esperan que «todavía haya tiempo» para que se pueda hacer el decreto y acordar las condiciones en las que se pueda reconocer a todas las víctimas que se hayan podido producir.

Según el escrito del recurso al que tuvo acceso este periódico, el Gobierno del PP decidió el pasado martes llevar ante al TC «la totalidad de la ley», aunque no pide la suspensión completa de la misma, sino que reclama al tribunal la suspensión inmediata de una decena de artículos que, a su juicio, podrían ser «inconstitucionales». En julio del año pasado, el Ejecutivo central ya avanzó que algunos de los artículos de la citada ley podían vulnerar la Constitución y de hecho esa ha sido la postura que ha mantenido durante los últimos seis meses. El martes era el día en el que concluía el periodo preceptivo para que los ejecutivos central y vasco trataran de evitar el recurso en una comisión mixta. Finalmente, no fue así y el gobierno de Rajoy interpuso el recurso, tal y como había aprobado el Consejo de Ministros del viernes anterior.

«Acto de justicia»

La argumentación del PSE para defender la ley que busca la reparación de estos afectados, señala, además, que no solo supone «un acto de justicia con las víctimas» que se hayan podido producir, sino «con la inmensa mayoría de los funcionarios públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han cumplido con su deber y con el Estado de derecho».

Fuentes socialistas sugieren que «una simple lectura reposada por parte del Gobierno central de los artículos de la ley, puede subsanar el problema». A su juicio, se hizo «una gran ley, un gran proyecto de ley, que no tiene ningún riesgo ni de inseguridad jurídica, ni de justicia paralela, ni de invasión de competencias, ni de nada que se le parezca».

El PSE reconoce que el proyecto de borrador que negoció, en su momento, con el Gobierno Vasco y el PNV, antes de hacerlo proyecto de ley, tenía algunos aspectos de inseguridad jurídica que «podían dar la sensación de que se creaba una especie de justicia paralela». Pero asegura que «todo aquello se corrigió en el proyecto de ley por las aportaciones de los socialistas, que se hicieron muchas, fundamentalmente después de hablar con juristas de reconocido prestigio que dieron el visto bueno al dictamen definitivo de la ley».

Durante la tramitación parlamentaria de la ley, el PSE consiguió que el PNV aceptara la mayoría de las 31 enmiendas que había presentado. Evitó así cualquier redacción que pudiera dar a entender una comparación entre víctimas del terrorismo y de abusos policiales y entre las enmiendas se admitieron algunas relativas al funcionamiento de la 'comisión de valoración' que debe reconocer la condición de víctima. En ese capítulo, el recurso del gabinete Rajoy apunta, precisamente, que una 'comisión de valoración' de carácter administrativo y nombrada por el Gobierno Vasco no puede entrar a valorar casos de violencia policial, torturas u otros excesos cometidos por funcionarios del Estado, si no media una decisión judicial que los avale. Sobre todo, porque se trata en su mayoría de hechos delictivos de carácter penal. Y la Constitución sólo reconoce la potestad de juzgar ese tipo de casos a los jueces.

A la espera de que el Gobierno Vasco ofrezca hoy su valoración, el recurso no parece que sorprenderá al gabinete de Iñigo Urkullu porque los argumentos que esgrime el Ejecutivo central son similares a los que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le trasladó el pasado viernes al consejero de Presidencia, Josu Erkoreka, cuando le confirmó la decisión de recurrir la ley.